Según Piris, la intención de la declaración de emergencia es que el Estado provea US$ 20 millones para que las escuelas y colegios tengan las condiciones de infraestructura y los insumos biosanitarios para que se pueda cumplir el protocolo de retorno seguro a las aulas y se puedan desarrollar clases presenciales este año.

Igualmente exige la FEP la dotación de herramientas tecnólogicas a las instituciones educativas para el desarrollo de clases virtuales.

El gremio rechaza las clases híbridas por considerar que serán una “explotación laboral del docente” y rechaza también el desarrollo de clases presenciales en instituciones educativas que no estén “en condiciones de resguardar la vida de los estudiantes y docentes”. También exigen la prosecución de la implementación gradual del salario básico profesional a los docentes.