Petropar estuvo a punto de pagar US$ 8 millones sin siquiera justificar

En el fallido pacto entre Petropar y la empresa argentina Texos, en el que tuvo activa participación la Procuraduría General de la República (PGR), no se tuvo el documento principal que justifique la operación, según el análisis que se desprende de la resolución N° 28/2021 de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), fechada el pasado 2 de febrero. Faltó el dictamen donde se debía explicar por qué la firma del país vecino tenía supuestamente razón en su reclamo y ganaría eventualmente en la instancia judicial, lo que derivaría en la necesidad de llegar al acuerdo extrajudicial que sea realmente conveniente para el Estado paraguayo.

En 2011, Texos Oil SRL demandó a la estatal por US$ 31 millones, por supuestos “daños y perjuicios” al no firmarse un contrato tras una adjudicación para provisión de gasoíl por vía terrestre, que data de 2009 (gobierno de Fernando Lugo). En ese entonces, no se rubricó el contrato de US$ 68 millones porque el capital de la empresa era de solo 10.000 pesos en la Argentina. Y esta cuestión de fondo debía ser analizada en un dictamen, que no se hizo, pero aún así se firmó el acuerdo que iba implicar pagar US$ 7 millones más US$ 1,3 millones por impuestos.

Es por eso que la Senac recomienda un sumario administrativo a todos los funcionarios involucrados en el caso, que incluyen al presidente de Petropar, Denis Lichi, como firmante del acuerdo; el exasesor jurídico de la petrolera, Alberto Mendoza; el exprocurador general, Sergio Coscia, como impulsor del pacto; la asesoría jurídica de la PGR (hoy figuran Rodolfo Barrios y María José Gill); Abel Germán Ávalos, el abogado misterioso que iba a cobrar en nombre de Texos 40% de los US$ 7 millones y que resultó ser funcionario de Justicia Electoral.

En este sentido, Anticorrupción encuentra que Ávalos pudo haber incurrido en el cobro indebido de honorarios o la tentativa de este hecho punible. Eso, considerando que es un funcionario permanente de Justicia Electoral, donde el funcionariado se rige por el Código de Organización Judicial, que prohíbe expresamente ejercer otras funciones.

Además, del reporte de Senac se desprende que los funcionarios impulsores del perjudicial acuerdo para el Estado podrían incurrir en lesión de confianza. Si bien no se llegó a pagar la millonaria suma acordada –luego de que el acuerdo saltara a la luz en diciembre pasado–, el caso todavía no está resuelto; al contrario, sigue en discusión y sujeto al reclamo de la empresa argentina.

El papel de García

La demanda de Texos a Petropar se inició en 2011, cuando José Enrique García era procurador del gobierno de Fernando Lugo. El abogado García, luego de defender los intereses del país en esta demanda, en el 2016, apareció en la Argentina como abogado detrás de Texos, firma del argentino Sergio Guillermo Marsiletti. En 2014 apareció por primera vez la firma de García con poder de los argentinos, según documentos.

Otros nombres que aparecen son Raúl Prono Toñánez, abogado de Cartes, gestor administrativo, y Javier Balbuena, extitular de Conajzar.

¿Y el “caiga quien caiga”?

Tras este escándalo, renunció Sergio Coscia en diciembre pasado, pero sigue campante en el cargo Denis Lichi, que también firmó el acuerdo. Lo que indica que el “caiga quien caiga” afirmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quedó en el discurso. ABC no pudo hablar ayer con Lichi, pese a intentarlo a través de su equipo de comunicación.

Consultado si se analiza la renuncia del funcionario, el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, dijo ayer a este diario que eso es de competencia absoluta de la Presidencia. “Petropar tiene autonomía administrativa y autarquía total; no existe relación de dependencia vertical con el MIC ni con ninguna otra institución. No tengo conocimiento de lo que el Presidente vaya a disponer sobre esa empresa del Estado; creo que si toma una decisión al respecto lo comunicaría su jefe de Gabinete”, afirmó.