La resolución de la nueva pena contra Imedic fue firmada ayer por el director de la DNA, Julio Fernández. Con esto se corrigió el blanqueamiento oficial que se había producido en primera instancia a favor de aquella compañía importadora.
Fernández decidió sancionar a esa firma, perteneciente a Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano, por los hechos de contrabando y defraudación.
El sumario administrativo abierto en la DNA a Imedic SA por la importación irregular de camas hospitalarias que esa firma pretendía entregar al Ministerio de Salud Pública, en el marco de las compras de emergencia por la pandemia de coronavirus, había terminado en primera instancia con una sanción por defraudación y no por contrabando.
Esa decisión fue reparada por Fernández, quien rechazó la apelación planteada por el abogado José Fernández Zacur en representación de Imedic.
Fernández, en cambio, dio lugar a la apelación planteada por la jefa de la fiscalía aduanera, Selva Decoud.
Decoud había desmontado las versiones dadas por la representación del clan Ferreira.
“En la acción de la firma importadora Imedic SA, de sus representantes legales y del despachante de Aduanas, Carlos Alberto Gamarra González, se evidenciaron intenciones ciertas de defraudar al Fisco, con la presentación de guías aéreas que no reflejaban el valor real del flete pagado”, decía al comienzo el escrito presentado por Decoud.
La fiscala aduanera también negó que la firma o el despachante aduanero intentaran resarcir voluntariamente el “error” en el pago de los tributos: “Hay que señalar que la acción del mencionado despachante de Aduanas no fue ni voluntaria ni espontánea, considerando que las mercaderías arribaron al país en fecha 17 de abril de 2020, día en que se procedió a la tramitación del mencionado despacho, y que la solicitud “voluntaria y espontáneamente” se verificó en fecha 4 de junio de 2020, casi dos meses después de realizada la operación aduanera, y ya cuando estaba en pleno ‘proceso’ una investigación ordenada por la Autoridad aduanera”, acotó Decoud.
Dicha resolución del director de Aduanas fortalece aún más la acusación presentada por el Ministerio Público, en la que solicitó elevar a juicio oral la causa abierta contra el clan Ferreira por contrabando.