En el alegato que presentó Royal Seguros SA ante el juez Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la capital, la aseguradora volvió a insistir en no abonar al Estado los G. 40.390 millones (US$ 6,2 millones al cambio actual) de la póliza de fiel cumplimiento del fallido proyecto del metrobús.
La empresa, vinculada al exjefe de gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, había depositado el monto mencionado en una cuenta judicial, en mayo de 2020, e inició una demanda de pago por consignación, con la que pretende que el juzgado condicione el pago de la garantía a las resultas de un arbitraje internacional en curso, entre la portuguesa Mota Engil y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este arbitraje sigue en marcha y lo que pretende Royal es esperar la sentencia del mismo y solo pagar la millonaria póliza si es favorables al Estado.
Por este motivo, en su defensa remitida al juzgado, los abogados de Royal insisten en que el MOPC y Mota Engil, a través de un acta suspendieron “sine die” la ejecución del contrato (antes de la rescisión que se dio en febrero del año pasado), “haciendo un reconocimiento recíproco de eventuales incumplimientos” y que “el acta de entendimiento determinó que la responsabilidad por los incumplimientos sería juzgada por un arbitraje ‘ad hoc’ (condición suspensiva)”, reza el escrito que presentó al juzgado.
Agrega que “la emisión del laudo arbitral constituye una condición suspensiva a cualquier reclamo entre las partes y que, por su decisión anterior “el MOPC no podía exigir renovación de garantías (de cumplimiento de contrato emitida por Royal Seguros) ni dar por terminado el contrato con causa imputable a Mota, sin tener el fallo del arbitraje”.
Sin embargo, el MOPC rescindió el contrato del metrobús justamente porque Mota Engil se negó a renovar la póliza de Royal, lo cual constituía un incumplimiento, según el contrato de la fallida obra.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), Royal debía devolver la garantía a simple requerimiento, tras la cancelación del contrato.
Empero, la aseguradora, que no forma parte del arbitraje ni del contrato del metrobús, señala que “el MOPC en forma unilateral rescindió el contrato con Mota e intimó de pago a Royal Seguros, iniciando el proceso de ejecución de la póliza, cuyo derecho está en duda, por su condicionamiento al arbitraje”, indicó.
Insistió, asimismo, en que existe una medida cautelar de un tribunal arbitral, que la PGR, pese a reconocer su competencia jurisdiccional (del Tribunal) y ejecutoriedad (de la medida), es incumplida por el MOPC y la PGR. “Dicha medida le exige suspender la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato, y que el presente juicio sea archivado”, expresa el documento.
En autos para la sentencia
Lo concreto es que el juez Garcete tiene que decidir si transfiere los fondos al MOPC o que se espere la resolución del arbitraje “ad hoc”.
El magistrado confirmó hace unos días a ABC que el caso ya está en autos para sentencia desde este mes, y que entre abril y mayo ya se tendría una sentencia.
El MOPC rescindió el contrato del metrobús en febrero de 2020, cinco meses después de que las obras se hayan paralizado. Tras esta decisión, reclamó las garantías del anticipo (Banco Itaú) y la garantía de fiel cumplimiento de contrato (Royal). Itaú devolvió en dos pagos unos US$ 6 millones, y Royal resolvió depositar su parte en una cuenta judicial.
Mota Engil cobró más de US$ 31 millones, pero la obra no avanzó ni la mitad y solo causó perjuicios a los frentistas.
Tras la rescisión de su contrato, la firma europea recurrió a un arbitraje internacional, donde reclama otros US$ 25 millones al Estado. El tribunal del arbitraje está conformado y el caso sigue su curso.