Los abogados Vilma Días Oliveira, Carlos Daniel Alarcón y Óscar Garcete Villar realizaron duros cuestionamientos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sostienen que las resoluciones en ambas instancias se aplican con “criterio político y motivaciones extraprocesales”.
Los profesionales del derecho alegan que “ni el Jurado de Magistrados ni la Corte Suprema contribuyen con la seguridad jurídica de la República. El diseño democrático se degrada porque la misma Constitución Nacional es violada sistemáticamente por los mismos órganos encargados de hacerla respetar”.
Los citados abogados mantuvieron un litigio judicial con la Secta Moon, en representación de la firma agroganadera Agrociencia SA por la posesión de 37 mil hectáreas en la localidad de Puerto Leda, Alto Paraguay. La acción de interdicto fue favorable a los abogados de Agrociencia SA.
Al respecto sostienen: “Somos víctimas del blindaje que construyó la Secta Moon para asegurar sus intereses, aprovechando que en el país reina el caos y el clientelismo, al advertirse incluso el nulo funcionamiento de las instituciones de la República, en detrimento de los derechos ciudadanos”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entrando en detalles mencionaron que las partes aceptaron litigar sobre un inmueble de 37 mil hectáreas, teniendo como referencia el costo de la tierra en Alto Paraguay. “Ganamos el pleito y solicitamos la regulación de nuestros honorarios profesionales tal como establece la ley. La jueza Graciela Ramírez Martínez, de Fuerte Olimpo, ordenó que el pago por nuestros servicios sea sobre la base de 20 hectáreas. Esta superficie no sabemos de dónde salió, nunca estuvo en litigio y la misma Secta Moon aceptó que sea sobre 37 mil hectáreas el pleito”.
El Abg. Carlos Daniel Alarcón señaló que “quizás pensaron que no ganaríamos la acción de interdicto, por eso aceptaron. El tema es que la jueza Graciela Ramírez Martínez estableció nuestro honorario profesional en función a los intereses de la Secta Moon y sus abogados.
Disposición arbitraria
Agregó que “la jueza no ordenó una pericia técnica de la superficie y arbitrariamente dispuso que el litigio sea sobre 20 hectáreas, una superficie que jamás se discutió en el proceso”.
El tribunal de apelaciones de Fuerte Olimpo emitió dictamen en favor de los abogados, tomando como base de honorarios el valor y la superficie del título de propiedad de la firma ganadora, en una acción de interdicto sobre 37 mil hectáreas. Los jueces del tribunal fueron denunciados por la Secta Moon ante el Jurado de Magistrados por mal cumplimiento de funciones.
En la sesión del Jurado, del pasado 2 de marzo, se resolvió amonestar a los camaristas Myrian Elizabeth Giménez, Pablo Monges y César Benítez Sánchez, así como a la jueza Graciela Ramírez Martínez.
Según la Abg. Vilma Días, los miembros del tribunal de apelaciones “nunca debieron ser apercibidos. Cumplieron lo que dice la ley de regulación de honorarios profesionales, estableciendo el pago sobre la base de 37 mil hectáreas, que fue el objeto del litigio. Con este ejemplo amenazante, ningún tribunal de la República tendrá agallas para enfrentar a la Secta Moon por el blindaje que le da el Jurado de Magistrados”.
Tráfico de influencias
No dudó en señalar que “al inicio del proceso, la Secta Moon contrató los servicios de Carmelo Caballero, quien trabajaba con Raúl Fernández Lippmann, bajo el comando de Óscar González Daher”.
Para remarcar la influencia de la Secta Moon sobre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mencionaron que “el presidente del Jurado, senador Fernando Silva Facetti, integra la Comisión de Medio Ambiente en la Asociación Parlamentaria Internacional creada por el reverendo Moon. No podemos olvidar al diputado Eusebio Alvarenga Martínez, quien abiertamente opera en favor de la Secta Moon ante el Jurado de Magistrados”.
Finalmente, coincidieron en señalar lo siguiente: “En medio de este caos, resultó lamentable observar al ministro César Diesel, en ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema, dando lectura a un acta de constitución en plena deliberación del Jurado distorsionando los hechos para favorecer a la Secta Moon y justificar así una decisión arbitraria e ilegal”.