Así se desprende de la conclusión de la auditoría de gestión realizada a dicho juzgado, elevada a la Corte Suprema de Justicia recientemente.

El 19 de agosto pasado, la Corte encargó al titular de la Dirección General de Auditoría de Gestión, Rodolfo Heyn, auditar el juzgado de paz de Villa Elisa, a raíz de una denuncia pública realizada por la actuaria Emilce González Cabral, supuestamente destituida por negarse a redactar un documento de contenido falso.

Al día siguiente, Olguín fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la abogada Lourdes Saccomani por haber puesto en funciones como dactilógrafo al abogado Ruiz Díaz Ortiz –persona ajena al Poder Judicial–, pese a que la dactilógrafa del PJ Verónica Benítez Cortázar, se encontraba en ese lugar.

El informe remitido a la Corte Suprema por la Dirección de Auditoría revela que en 46 causas, la jueza Olguín autorizó la extracción de sumas de dinero, sin contar con sentencia firme.

Esta irregularidad fue observada en 48 expedientes, pero dos de ellos llevan las firmas de los jueces Jorge Gabazza (quien renunció) y Norma Barrios, interina.

La mayoría de los juicios sobre preparación de acción ejecutiva son promovidos por Fernando Gregorio Sarasi González y los cheques judiciales fueron expedidos a mediados del 2020.

En su contestación, la jueza informó que los expedientes ya han sido “regularizados” con la firma de las sentencias correspondientes, casi todas en setiembre del 2020, es decir, con posterioridad a la extracción de fondos.