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El titular de la institución, Pedro Britos, hasta el momento no dispone de los técnicos que expliquen referente a las variables para definir la tarifa del servicio, en medio de la regulada de transportistas que presionan por aumentar el precio del pasaje y provoca aglomeración de pasajeros, en contra de las indicaciones sanitarias. El dato desnudaría si los usuarios y los contribuyentes del país pagan lo que vale.
Analistas coincidieron en que la fórmula aplicada por el Gobierno es retrógrada y que lo hacen para confundir a la gente. Mercedes Canese sugirió tomar el costo del pasaje fijado en 1989 (inicio de la era democrática en el país) y ver cómo los factores que lo componen variaron, que son el precio del pasaje de ese año, salario mínimo y la cotización del dólar. “La variación de esos tres elementos y la eficiencia del sistema, porque entonces había menos pasajeros, menos calles asfaltadas y buses menos eficientes y más costosos. Hoy, de esos componentes, el único que aumentó es el precio del pasaje”, dijo.
Hernán Pankow, por su parte, afirmó: “El Estado no puede fijar el precio del pasaje por los costos de combustibles, cubiertas y salario de choferes, que son responsabilidades de los empresarios”. Añadió que sólo se debe monitorear el precio del pasaje y que no debe existir el subsidio, ya que con la libre competencia triunfa el más eficiente.
Apuntó que el Ministerio de Obras Públicas no puede ser la instancia de control, según establece el artículo 168 de la Carta Magna, sino los municipios. “En todo caso que se analice que la utilidad no sea mayor del 20% y que se monitoree la cantidad de pasajeros y la recaudación, que es posible con el billetaje electrónico”, dijo.