El abogado representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cristian González, afirmó ayer en redes sociales que los usuarios del servicio del transporte público son puestos en contra de su voluntad en hacinamiento en las paradas de buses y posteriormente en esos transportes, debido a la disminución de la frecuencia de salida de esos ómnibus. Calificó esa regulada de “criminal”, teniendo en cuenta que la reducción de la cantidad de ómnibus en circulación fue hecha “a conciencia” y “dolosamente”.
El presidente del PLRA, Efraín Alegre, indicó que dicha denuncia fue planteada con nombre y apellido, contra César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), por violación de la cuarentena y por sabotaje. Indicó que el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y el viceministro de Transporte, Pedro Britos, son los responsables del control y cumplimiento de lo establecido en el servicio del traslado masivo de pasajeros y que al no hacerlo, ello calificaría como delito de lesión de confianza.
El abogado González dijo que Ruiz Díaz y los dueños de buses deberían ser procesados, así como la Fiscalía hizo al imputar a más de 4.000 ciudadanos por la violación de la cuarentena, establecida en la ley 716/96. Explicó que la gente viaja hacinada en los ómnibus y que en las terminales de las empresas también hay aglomeración, no porque las personas quieran sino porque están obligadas a ello.
“Esta regulada es absolutamente criminal y el Ministerio Público debió ya actuar de oficio”, opinó. A modo de ejemplificar las evidencias, mencionó que hace días se ve la situación en redes sociales y en los medios de comunicación. Existe una real exposición de contagio con covid-19, manifestó González.
Por su parte, Juan Grassi, empresario y uno de los procesados bajo el cargo de violar medidas anticovid dispuestas por el Gobierno, cuestionó la selectividad para imputar a los ciudadanos. “Cada vez que ocurre una aglomeración dentro de un bus, que es público pero de acceso privado, tiene al chofer como representante de los dueños de esa empresa y es esa la persona responsable de evitar que ocurra una aglomeración. Fácilmente se detecta la responsabilidad del hacinamiento de personas en un espacio cerrado”, señaló.
Expresó que los transportistas también deberían ser imputados eventualmente por poner en riesgo la vida de las personas. En la causa en la cual está procesado, que se debió a que participó en protestas ciudadanas, el Ministerio Publicó actuó de oficio después de publicaciones periodísticas.