Fiscal alega “ambigüedad” propiciada por la Corte para criminalizar manifestaciones

El fiscal Ángel Ramírez, que investiga los incidentes tras la manifestación contra el salvataje del juicio político al gobierno de Mario Abdo Benítez, sigue defendiendo su postura de que supuestamente todo el que se manifieste, sin importar el horario, puede ser imputado por violación a la cuarentena. Afirma que mientras no tengan una aclaratoria por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ellos seguirán castigando por considerarla una actividad “no permitida”.

Los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez, en la conferencia de prensa, ayer, frente al edificio del microcentro del  Ministerio Público, Sede 1.
El fiscal Ángel Ramírez (derecha) sostiene que las manifestaciones están prohibidas y penadas basado en el decreto presidencial.Archivo, ABC Color

“Ningún horario está permitido. Usted muéstrame el decreto donde dice que es está permitida y me voy a callar, pero mientras no exista un decreto que diga que se puede hacer manifestaciones en el horario que sea entonces, sí hay una violación de la cuarentena”, argumentó el fiscal Ramírez, sobre uno de los delitos por los cuales pretendía imputar a los 27 detenidos ayer tras los desmanes, incluido la quema de la sede de Colorado Róga.

La peligrosa consideración del fiscal no solo pone lo dispuesto por un decreto presidencial incluso por sobre la Constitución Nacional, sino también atentaría contra el artículo 32 de la Carta Magna sobre la Libertad de Reunión y Manifestación, que establece que si bien se pueden reglamentar ciertos puntos, no se puede prohibir.

“Yo solicito como ciudadano, ni siquiera como fiscal, de que la Corte diga: Esto es inconstitucional porque el decreto no puede prohibir el derecho a manifestarte garantizado en la Constitución Nacional”, alegó el fiscal Ramírez, defendiendo no obstante su interpretación de que el decreto, al no permitir las manifestaciones, deroga el derecho constitucional a manifestarse.

“Yo no tengo el poder de decir esto es inconstitucional, existe una Sala Constitucional que va a decir: Ah, esto si y esto no”, insistió, delegando la responsabilidad a la Corte. “Yo creo que la Corte Suprema de Justicia debía de haber resuelto hace rato esa acción de Inconstitucionalidad, que si bien sabemos que es solamente para el caso concreto de las personas que plantearon la inconstitucionalidad del Decreto, hubiese servido ya para que nosotros tengamos ya un norte”, apuntó.

“No digo que el decreto está por encima (de la Constitución), jamás diría eso, pero así como están las cosas hay que cumplir (el decreto)”, remarcó, pese a que también la Ley que regula las funciones del Ministerio Público establece que los fiscales deben de “resguardar el derecho de los ciudadanos consagrados en la Constitución.

Su postura, que fue criticada por juristas. Uno de los que se pronunció a través de las redes sociales es el abogado Ezequiel Santagada, que cuestionó duramente la capacidad del fiscal como hombre de derecho.

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