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En diciembre del año pasado las finanzas públicas (administración central y entidades descentralizadas) habían cerrado con una deuda total de US$ 12.212,9 millones, en ese entonces ya equivalente al 34,2% del PIB.
A este monto se le sumaron en enero US$ 576,7 millones con la colocación de bonos locales y soberanos, lo que llevó el total apenas al iniciar el año a US$ 12.789,6 millones, que representan 35,2% del PIB.
Los economistas y exministros de Hacienda habían advertido que un 30% del PIB es el tope razonable y sostenible para nuestro país y sugirieron al gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) controlar el déficit y reducir el nivel de endeudamiento para evitar encaminarnos a una crisis.
El año pasado el déficit trepó a 6,2% del PIB, unos US$ 2.130 millones; y este año el presupuesto prevé un saldo rojo del 4% del PIB, unos US$ 1.400 millones. Si no se reduce esta diferencia lo antes posible al tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la deuda seguirá creciendo porque el déficit se financia con más préstamos o emisión de bonos, señalaron en su momento los especialistas.
El Ejecutivo, sin embargo, aplica un plan de convergencia fiscal que prevé volver al tope de la ley recién en 2024, luego de la salida de Abdo Benítez de la Presidencia.
Además, pretende que el tope de la deuda sea del 40% del PIB y así lo estableció en el proyecto que modifica la ley fiscal que a finales del año pasado presentó a consideración del Congreso.
Este proyecto también prevé que en caso excepcional el déficit fiscal puede llegar al 3% del PIB sin necesidad de pedir autorización al Congreso y en esta circunstancia, la deuda podría también podría superar el tope planteado.
El nivel de la deuda actual ya alcanza lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para todo el año, 35,4% del PIB, de acuerdo con el informe sobre las conclusiones de la evaluación de la economía paraguaya que dio a conocer a inicios de este mes.
El acelerado ritmo de endeudamiento público se inició con el gobierno de Horacio Cartes (ANR) y, a pesar de que Abdo Benítez fue muy crítico a esta situación como senador, una vez en el poder no quitó el pie del acelerador. Por ejemplo, sólo el año pasado endeudó a la ciudadanía por US$ 3.354 millones vía emisión de bonos y préstamos de organismos financieros internacionales, principalmente para hacer frente a la pandemia por covid-19 y mitigar sus efectos en la economía.
El referido paquete de deuda incluye los fondos de emergencia sanitaria, de los cuales US$ 300 millones fueron a parar a salarios públicos y US$ 75 millones para estar al día con la abultada deuda pública. Por su parte, los recursos destinados para fortalecer el sistema de salud terminaron en licitaciones envueltas en actos de corrupción que privaron a la población de contar con medicamentos en los hospitales y de las vacunas anticovid, lo que obliga a la gente a realizar rifas, polladas y a endeudarse para costear los insumos para los familiares enfermos.
Clasificación de los compromisos
El informe del Ministerio de Hacienda señala que de la deuda pública total, US$ 4.917,2 millones corresponden a préstamos obtenidos de los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, Fonplata, CAF, entre otros); US$ 7.575,3 millones por la colocación de bonos en el mercado local e internacional; y US$ 297,2 millones contraída bajo la Ley Nº 5074/13 o conocida como “llave en mano”. El informe también indica que el año pasado se pagó un total de US$ 747,9 millones por las cuotas de la deuda total.