Los intereses comerciales de particulares pueden ser utilizados para dejar sin efecto legislaciones emanadas por entidades de derecho público, cuyas finalidades son precautelar el ordenamiento territorial y las normas de conservación del ambiente, según se puede inferir de la reciente Medida Cautelar (AI 252/ 2021) otorgada por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac). Así señala una parte del largo manifiesto difundido ayer por otro de los gremios del ramo, la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa).
En beneficio de las empresas Enex, Gasur, Copeg, Gas Corona, 3MG, Integral Trading y Fuelpar, que integran Cadipac, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la medida cautelar que suspende los efectos de las ordenanzas municipales número 50/92, 117/99, 06/02 y 71/03, sobre la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales destinados a su comercialización y actividades afines.
Apesa advierte que la citada decisión de la Corte Suprema, que se suma otra similar que benefició al gremio Cadipac en diciembre de 2019, la AI Nº 2447/ 2019, dejan sin efecto normas técnicas esenciales para beneficio de toda la ciudadanía y del ambiente, mediante facultades que son dadas a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
El manifiesto va dirigido a toda la opinión pública y también en específico para los concejales municipales de Asunción, el intendente capitalino, Óscar Rodríguez, al ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, al titular del Mades, Ariel Oviedo, así como a los urbanistas, ante los impactos negativos que la medida de la Corte tendrá particularmente en Asunción.
¿”Asunción en orden”?
Según Apesa, si el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, quiere ser coherente con su eslogan “Asunción en orden”, deberá promover y promulgar una nueva ordenanza que evite la existencia de estaciones de servicio, una muy cerca de otra, y que estén a más de 1.000 m, como exigen la necesidad y las recomendaciones técnicas de expertos.