Caso metrobús sigue con una fiscala interina y las pesquisas no avanzan

La primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús había sido presentada por el ingeniero Herman Pankow, en mayo de 2018, contra el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. La fiscal originalmente designada para esta causa fue Natalia Silva, quien fue recusada por Pankow por retrasar las investigaciones, por lo que pasó a interinar la fiscala Esmilda Álvarez. El fiscal Alcides Corbalán, también interinó el caso en 2019, fue el único que llamó a declarar al denunciante.

Pankow informó que recién ahora se integró la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para estudiar este tema. “Ahora integran la sala penal de la Corte para estudiar mi impugnación ante la pretensión de la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, de que ella nomás decida sobre fiscales recusados. Quiñónez designa fiscales y si estos son recusados, pretende, con la ayuda de la sala constitucional de la Corte, resolver sobre dichas recusaciones violando la ley”, explicó.

En este caso, el ingeniero informó que el ministro César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia, deberá resolver sobre la pretensión de Quiñónez para que solo ella resuelva sobre recusaciones de fiscales “ahora y para siempre”, en contra de la ley 4685/12 que señala que esto debe definirse a instancias de un juez de garantías. Al mismo tiempo, lamentó que la causa metrobús no tenga un juez de garantías designado, hecho que viola el código procesal penal, que le da solo seis horas a la Fiscalía para enviar una denuncia a un juez de garantías.

La denuncia de Pankow fue ampliada en varias ocasiones en la incluyeron al exjefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Esteban Sarubbi Lutz por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas. También agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la fallida obra).

Otras denuncias sobre el mismo caso

En enero de 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por la presunta lesión de confianza y estafa, por el perjuicio que causó dicho fallido plan. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow, y en nada avanzó según informó Buzarquis. “El caso del metrobús nunca avanzó, ni siquiera me informan del avance”, se quejó.

Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado proyecto metrobús, en la que se reveló aparentes hechos punibles. Este informe cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías más.

La Comisión Bicameral del Congreso, que también investigó el fallido plan, también remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en la ejecución de la obra.

El diputado Edgar Acosta, quien fue relator de este cuerpo colegiado, lamentó que la Fiscalía actúe velozmente en algunos casos y en otros, como este caso del metrobús, las pesquisas no avanzan. “No sabemos nada respecto al informe que presentamos, que ambas Cámaras del Congreso decidieron remitir a la Fiscalía. Este informe fue bien redactado, más de 1.500 fojas, bien sustentado, y es un elemento demasiado importante para la fiscalía. Es una pena, porque vemos que la fiscalía pone empeño en otros casos, con celeridad, y en un caso tan emblemático como el caso metrobús no hicieron nada. Es lamentable”, expresó Acosta.

Se pagó millones y solo una garantía se recuperó

Recordemos que el MOPC desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. Hizo obras parciales en un trayecto de 3,8 km, de los casi 12 km que debía tener la obra. Los tramos 2 y 3 (ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) se adjudicaron a la firma portuguesa, por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), durante la gestión de Cartes, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).

Del monto pagado, Obras Públicas solo recuperó unos US$ 6 millones de la garantía del anticipo del Banco Itaú, que se concretó en dos pagos. Por ahora, el MOPC tampoco pudo disponer de los G. 40.390 millones (US$ 6, 5 millones) de la garantía de fiel cumplimiento, que Royal Seguros SA, vinculado al exjefe de Gabinete de Cartes, Juan Carlos López Moreira. El monto de este seguro se depositó en una cuenta judicial y la aseguradora inició una demanda de pago por consignación. El juez Hugo Garcete, responsable del Juzgado Civil y Comercial del 11º Turno de la Capital, tiene que definir esta demanda de Royal en la brevedad.

Plan que debía reemplazar a la fallida obra tampoco avanza

El proyecto que debía reemplazar al fracasado metrobús en el microcentro de Asunción, denominado sistema integrado de transporte interurbano (Sitibús), hasta la fecha no avanza y a casi dos años de que hayan anunciado el plan, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) todavía “no saben” cuánto costará la obra.

Recordemos que el consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA (representado por Luis Alberto Duarte) fue adjudicado durante el gobierno de Horacio Cartes para ejecutar el fracasado metrobús en el microcentro de Asunción (tramo 1), pero las obras nunca se pudieron iniciar. Esto pese a que el grupo percibió un anticipo de más de US$ 3 millones, ya en junio del 2018. Sin embargo, la actual administración del MOPC decidió no rescindir el contrato en cuestión y dispuso que el grupo ya contratado se encargue de construir el corredor del Sitibús en el centro. La adjudicación fue por US$ 24 millones, pero podría sufrir incrementos debido a los cambios que dieron para el proyecto que sustituirá al metrobús.

Fiscala evita informar

La fiscala Esmilda Álvarez, quien está interinando las investigaciones del caso metrobús, había informado hace cuatro meses que “ya no pasará mucho tiempo” para identificar a los responsables del fracasado proyecto y que estaba pendiente la realización de una pericia en los tramos que fueron intervenidos. Empero, las evidencias de algunas construcciones realizadas ya fueron derrumbadas por la actual administración del MOPC. ABC intentó contactar nuevamente con Álvarez para consultarle sobre los avances de la pericia, pero no se tuvo respuestas. Mientras esto se define, sigue su curso el arbitraje internacional entre Mota Engil y MOPC.