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Paraguay seguía en cuarentena total y miles de personas sufrían las consecuencias económicas, bajo la promesa de que el encierro serviría para equipar al sistema de salud pública.
En medio de esa expectativa generalizada llegó a Paraguay el gigantesco carguero proveniente de China y en el que llegaban los insumos que debían entregar las firmas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano.
Ya días antes, el proceso de licitación que terminó adjudicando con G. 85.000 millones al que pasaría a ser conocido como el clan Ferreira generó dudas.
El 16 de abril del año pasado, el diario ABC Color publicaba que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había decidido abrir una investigación a la licitación.
El avión carguero llegó el 18 de abril a un aeropuerto Silvio Pettirossi prácticamente vacío, pues las fronteras estaban cerradas.
Desde que pisaron suelo paraguayos, los insumos generaron dudas.
El primer gran punto llamativo fue que todo el cargamento que pertenecía a las empresas de Ferreira y sus socios llegaron en cajas con sello del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública, incluso los insumos que supuestamente iban a ser vendidos al sector privado.
Esa misma semana, el Ministerio de Salud anunció el rechazo de los insumos que habían llegado desde China de la mano de los Ferreira. Las camas de terapia no reunían las especificaciones establecidas y los equipos de bioseguridad no alcanzaban los niveles de seguridad requeridos.
Además, la empresa no declaró el ingreso de 50 camas, motivo por el cual la Dirección Nacional de Aduanas confirmó, hace un par de semanas, una millonaria multa por contrabando.
De hecho, contrabando es el único hecho por el cual se investiga al clan Ferreira en esta causa.
Intento de estafa, nunca investigado
En mayo del año pasado y luego de muchos cuestionamientos, el entonces ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, entregaba a la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por tentativa de estafa y delitos marcarios, por la adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas que las empresas del clan Ferreira pretendían entregar al MSPBS en el marco de la fallida compra de insumos chinos.
La causa está identificada como N° 52/2020 “Persona innominada s/estafa”. Hasta anoche seguía sin formularse imputación por los hechos más graves enumerados en el reclamo.
La gigantesca estafa, que además hubiera puesto en riesgo la integridad física de todo el personal médico que hubiese utilizado los artículos falsificados, solamente fue evitada por la intervención in situ de la Comisión Especial de Supervisión de Compras covid-19 (CESC), liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio, quien constató las alevosas alteraciones efectuadas a los productos importados, antes de ser entregadas a las autoridades sanitarias.
El equipo de agentes fiscales, liderado por Osmar Legal, dividió la causa al abrir otra con el número 98/2020, en el marco de la cual procesó por contrabando de camas hospitalarias a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, junto a funcionarios aduaneros y despachantes. Mientras tanto, la investigación por los hechos verdaderamente denunciados quedó paralizada, ya que luego de casi 9 meses desde la presentación de la denuncia no hay una sola persona procesada por tales ilícitos.
Ya hace varios meses que el agente fiscal Osmar Legal había justificado la falta de imputación, al decir que se encontraba pendiente de la recepción de la información requerida a la empresa fabricante, acerca de si autorizó o no el cambio de las cajas. Argumentó que si se imputaba y luego llegara la información de que, por ejemplo, sí se autorizó, se deberá sobreseer debido a que, según su criterio, el perjudicado por el cambio de las cajas sería la empresa fabricante.
El argumento es claramente falaz, ya que no se puede dudar de que la verdadera víctima del hecho de adquirir un producto adulterado es quien lo adquiere, independientemente de que también se configure un delito marcario.
Entonces, en el contexto correcto, que está enmarcado con la denuncia del Ministerio de Salud, lo determinante no es lo que pueda decir el fabricante; lo determinante es si con el cambio de cajas se estaban modificando las especificaciones consignadas en las cajas/envoltorios originales.
MÁS Y MÁS IRREGULARIDADES
El escándalo de los “insumos chinos” solo fue sumando irregularidades a medida que transcurrían los meses y que iban saltando nuevas piezas.
Miembros del Comité de Evaluación denunciaron que les llevaron el contrato ya firmado, violando la ley de Contrataciones Públicas. El exdirector administrativo de Salud Pública, Alcides Velázquez, dijo que solo siguió instrucciones de su jefe, apuntando al exministro Julio Mazzoleni.
Aún así, administrativamente el caso terminó blanqueado con blandas sanciones a los funcionarios de las posiciones más bajas.
Sobre el clan Ferreira siguen saltando escándalos.