Silva explicó anoche en el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV de 19:00 a 20:00 horas, que el Ministerio Público tiene pericias y documentos que prueban que Díaz Verón se enriqueció ilícitamente en el cargo y que la esposa, María Selva Morínigo, lavó el dinero obtenido ilegalmente por el marido cuando era fiscal general del Estado.
La fiscala espera que la Sala Penal de la Corte resuelva el incidente de contienda de competencia. Es decir, si el proceso queda a cargo del juez Julián López o su colega José Delmás.
El 21 de abril pasado se tenía que realizar la audiencia preliminar, en la cual el juez López debía resolver si envía o no la causa a juicio oral. Sin embargo, esto fue cuestionado por la defensa del ex fiscal general del Estado, que señaló que el magistrado Delmás es el competente para juzgar.
Teniendo en cuenta el conflicto alegado, el expediente se remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema, que es la que tiene que decir quién es el magistrado que llevará a cabo la audiencia preliminar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Este incidente se considera dilatorio, teniendo en cuenta que la propia Corte ya ratificó la acumulación del expediente de Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, en el juzgado a cargo del magistrado López.
Esta es la tercera vez que se suspendió la preliminar. La primera convocatoria fue el 19 de noviembre de 2019, pero también se suspendió por una serie de recursos e incidentes planteados por la defensa de los acusados.
La segunda convocatoria fue el 9 de julio del 2020, pero la audiencia volvió a suspenderse por todo lo planteado por la defensa.
La fiscala Silva confía en que la Sala Penal se expedirá en el plazo legal con respecto a la contienda de competencia, para que el expediente vuelva a primera instancia y se pueda fijar una nueva fecha para la preliminar.
El 13 de agosto de 2019 se presentó la acusación y desde entonces no se puede hacer la audiencia en la que se tiene que resolver si el matrimonio acusado afronta juicio oral por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Déficit
La pericia demostró que la mayor diferencia entre los ingresos y egresos del matrimonio se dio en el 2010. (Ver infografía).
Según la acusación, ese año Díaz Verón y su esposa tuvieron un déficit de G. 4.813 millones. La mayor parte de este dinero se destinó a mejoras y construcciones que se hicieron en una propiedad que tiene en el Chaco la firma Lagunita SA; así también en la compra de ganado vacuno.
Otra diferencia importante se registró en el 2016. El matrimonio no puede justificar de dónde sacó G. 2.360 millones. De este cifra, G. 1.368 millones se invirtieron en la empresa denominada Canto Rodado SA.
“La posibilidad económica de la pareja debe ser valorada y apreciada de manera conjunta. Deben ser consolidados sus ingresos, egresos e inversiones, en razón de que los mismos conforman una comunidad que, más allá de contar con separación de bienes, su poder adquisitivo debe ser considerado una unidad, para los efectos de la aplicación de la ley penal que castiga el hecho punible de enriquecimiento ilícito en la función pública”, refiere parte de la acusación.
El enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel y el lavado de dinero 5.
El abogado Mario Aníbal Elizeche Baudo, defensor de Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, fue invitado a participar del programa para dar su versión, pero el mismo se excusó.
Proceso tiene 608 días de dilación, aseguran
La activista social María Esther Roa, integrante de la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” y la Coordinadora de Abogados, resaltó que el control de la ciudadanía es clave para que el caso del ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, no termine en el oparei.
“En el año 2018 tuvimos un despertar de la ciudadanía que entendió que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe darse dentro de ese espacio social, y a partir de ahí fueron cayendo grandes políticos como el senador colorado Óscar González Daher y el entonces fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien fue enviado a prisión en el penal de Tacumbú”, enfatizó Roa, quien estuvo como invitada en el programa Expediente Abierto de ABC TV.
Agregó que actualmente la sola movilización en las calles o los escraches a los políticos corruptos ya no son suficientes para combatir la impunidad que otorga en muchos de los casos el Poder Judicial, por lo que desde la organización que integra han habilitado una página web donde se pueden encontrar todas las causas judiciales por corrupción pública, de tal manera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de controlar a los agentes de la Fiscalía y a los jueces.
Uno de los expedientes que se puede encontrar en la página web de la organización es el de Javier Díaz Verón y su esposa que, a través del control realizado por los activistas, se puede observar que la causa lleva 608 días de dilación, desde que el Ministerio Público presentó la acusación.
Al respecto, Roa destacó que los responsables de la mora judicial son los propios ministros de la Corte Suprema así como los integrantes de los tribunales de apelación penal.