El defensor primeramente destacó que no niegan que la ex viceministra de Tributación Marta González tenga derecho a iniciar una acción penal si se siente agraviada, pero el problema real radica en que durante todo el proceso, desde el inicio de la causa, el juez Elio Ovelar demostró que se encuentra desprovisto de la debida imparcialidad.

Destacó, por ejemplo, que de manera oficiosa ha ido realizando acciones en el marco de una acción penal privada, sin requerimientos de la querella ni oír previamente a la parte afectada.

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En ese sentido, pidió que se intervenga para verificar que todas las acciones del magistrado demuestran poca perspectiva objetiva en la causa.

Sobre los motivos existentes para la inhibición, destacó que el diario ABC viene publicando desde hace mucho tiempo presuntos casos irregulares que involucran al magistrado y a su hijo. En el caso del juez, mencionó, por ejemplo, que gracias a publicaciones de este medio se detectó que incrementó en 1.400% su patrimonio y ello derivó en el inicio de una investigación por parte de la Contraloría sobre presunto enriquecimiento ilícito.

“Esperamos que nos sorprenda el magistrado y se inhiba. Lo que no va a ocurrir es que no vamos a renunciar al ejercicio al derecho de la defensa y, si la Cámara no nos da una razón, vamos a tener que ir hasta la Corte y luego ante los organismos internacionales”, manifestó.

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“Es grave lo que está ocurriendo. Vulnera uno de los principios fundamentales del derecho a la defensa. Acá él, dentro del proceso, quiere demostrar cierto aleccionamiento como juez de esta causa”, sentenció el abogado.

Cabe recordar que esta causa se inició tras la querella planteada por la ex viceministra de Tributación Marta González Ayala contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano.

La ex viceministra de Tributación exige un millonario resarcimiento y prisión para la directora y un periodista de ABC Color por publicaciones de cobros de multas, sobre Marangatu 2.0 y vínculos con proveedores.

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Es importante resaltar que incluso Contrataciones Públicas confirmó los vínculos de la ex viceministra de la SET con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), de cuya comisión directiva formaba parte en un proceso que terminó con la adjudicación de un contrato de US$ 3 millones por parte del Estado.

El hecho también fue corroborado por un dictamen técnico de la Contraloría General de la República, que concluyó que el contrato de más de US$ 3 millones que firmó durante su gestión violó varios artículos de la ley de Contrataciones y el decreto reglamentario.

Esta mañana, a las 08:00, debe iniciarse el juicio por la querella por supuesta difamación. El juez Elio Rubén Ovelar, pese a las graves denuncias en su contra, persiste en seguir como presidente del tribunal de sentencia unipersonal.

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