La referente del sector gastronómico, Aramí O’Hara, había denunciado que la ley fue creada para que las empresas formales del rubro gastronómico, turismo, eventos y entretenimiento tuvieran un “oxígeno” debido a la caída de la demanda o la posibilidad de prestar servicios en pandemia, por las restricciones impuestas.
La representante del sector indicó que en la redacción de la reglamentación solo incluyeron como beneficiarias a empresas de determinados códigos del registro en Tributación, por ejemplo el que corresponde a “gastronomía”, mientras que otros rubros afines como “panaderías”, por ejemplo, quedaron excluidos. El gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, dijo ayer a ABC que para zanjar esta situación, se plantea un nuevo decreto que amplíe los códigos de los demás rubros.
O’Hara señaló que en pandemia, el propio Estado constató que miles de mipymes operan en la informalidad, justamente por esta serie de trabas y excesiva burocracia. Comentó que con la ley de referencia existe la posibilidad de que el empresariado aporte en menor porcentaje por el seguro social, lo que constituye un incentivo para cumplir con la obligación pero, en contrapartida, el decreto y la reglamentación no facilitan los mecanismos para que los sectores afectados se beneficien con esta norma.