Destraban caso Díaz Verón y juez debe fijar preliminar

La Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay resolvió el conflicto de competencia que promovió la defensa y confirmó al juez de garantías Julián López para entender la causa penal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exfiscal general Javier Díaz Verón y lavado de dinero, que supuestamente cometió su esposa.

Una vez que la máxima instancia judicial remita el expediente, López deberá fijar fecha para la audiencia preliminar, en la que debe resolver si eleva el caso a juicio oral y público como pidió el Ministerio Público.

Según la defensa del exfiscal general, el conflicto de competencia se da porque la Fiscalía había solicitado que se acumule su caso, que tenía el juez Julián López, y el de su esposa, que tenía el magistrado José Delmás. Esto se rechazó el 18 de noviembre de 2019 y fue confirmado el 23 de abril de 2020 por el tribunal de apelación segunda sala.

Sin embargo, la Fiscalía insistió en la acumulación, pero ante el juez Delmás, quien admitió la petición el 16 de julio de 2020 y su fallo fue confirmado el 14 de agosto por el tribunal de apelación primera sala.

La acusación presentada el 13 de agosto de 2019 puntualiza que la pericia contable reveló que la pareja no puede justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvo desde el 2008 al 2017.

Para la fiscala Natalia Silva hay abundante prueba para llevar a juicio oral a Díaz Verón y su esposa. Indicó que la Fiscalía tiene pericias y documentos que prueban que el exfiscal general se enriqueció ilícitamente en el cargo y que Morínigo lavó el dinero obtenido ilegalmente por su marido cuando estuvo en el cargo. Según la agente, la pericia demuestra que la mayor diferencia entre los ingresos y egresos del matrimonio se dio en el año 2010, en el que Díaz Verón y María Selva Morínigo no pueden justificar ingresos de G. 4.813 millones.

La mayor parte de este dinero se destinó a mejoras y construcciones que se hicieron en una propiedad que tiene en el Chaco la firma Lagunita SA; también en la compra de ganado vacuno.

En el 2016 el matrimonio no puede justificar de dónde sacó G. 2.360 millones, cifra de la cual G. 1.368 millones se invirtieron en la empresa denominada Canto Rodado SA, según la acusación.