El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Javier Giménez, durante una entrevista por ABC TV, dio su punto de vista sobre la decisión del Gobierno de dejar sin efecto los polémicos decretos 5306 y 5307, que regulaban las tarifas para industrias electrointensivas.
La medida del Ejecutivo se dio como respuesta a las protestas de los sindicatos de la ANDE, quienes denunciaban un supuesto perjuicio económico al pretender otorgarle a la multinacional británica Atome PLC un precio fijo de US$ 30 por megavatio hora (MWh) por 15 años para su planta de hidrógeno verde en Villeta.
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En una entrevista con ABC, Giménez defendió la visión comercial del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Gobierno. Explicó que la intención detrás de los decretos firmados originalmente en enero, y modificados en abril con participación sindical, era dar previsibilidad para atraer inversiones que industrialicen el excedente energético que hoy Paraguay sigue cediendo a precio de costo al Brasil.
“No hay subsidio” sostiene Giménez
El jefe de Gabinete buscó desmitificar la teoría de los gremios y de sectores técnicos que apuntaban a un daño patrimonial contra la ANDE. Según sus declaraciones, la tarifa de US$ 30/MWh propuesta para Atome PLC no implicaba pérdidas sobre el costo de producción directa.
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“El costo de generación promedio de la energía en los balances de la ANDE es de 28 dólares. A eso se suman transmisión y pérdidas. En el nivel de alta tensión (220 kV), vender a 30 dólares no es un subsidio. ¿Se gana poco si se compara con las criptomineras? Sí, pero no hay pérdida. El año pasado las industrias locales pagaban 28 dólares y hoy pagan 33 por la caída del dólar; no hagamos indignación selectiva”, expresó Giménez.
Argumentó que el rol de la ANDE no debe limitarse a mirar su rentabilidad financiera inmediata, sino a actuar como un motor de desarrollo nacional. “Si el único análisis es la conveniencia tarifaria, cerramos todo y le vendemos solo a las criptomonedas. El Estado debe estar dispuesto a ganar menos en ciertos segmentos porque el desarrollo compensa. Esos 12 dólares de diferencia con otros sectores eran una inversión para recibir tres veces más en empleo, impuestos e infraestructura”, defendió.
Giménez compra con las criptomonedas
Giménez recordó el éxito que tuvo la política del presidente Santiago Peña al “romper el tabú” y regularizar el negocio de la criptominería, sector que hoy paga una tarifa de US$ 42 a US$ 44 y representa entre el 40% y 50% de la facturación de la ANDE con 1.100 megavatios (MW) de potencia legal instalada.
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Al contrastar ambos modelos de negocio, el jefe de Gabinete justificó la necesidad de abrir el grifo a proyectos industriales.
Subrayó que la criptominería consume 1.100 MW del sistema paraguayo, genera altos ingresos directos para la ANDE, pero aporta escasa mano de obra local.
Por otro lado, dijo que la planta de Fertilizantes (Atome) solicitaba 120 MW (apenas el 10% de lo que usa el sector cripto y el 2% de la venta global de la ANDE), pero prometía sustituir la importación de fertilizantes y revolucionar el empleo en Villeta y el departamento Central.
“Por el lado del negocio, la ANDE no puede emitir juicios de valor sobre si a la empresa le irá bien o mal vendiendo fertilizantes, así como no lo hace con una cementera o una heladería. Si les va mal, se les corta el suministro y se le vende a otro, no hay riesgo para el Estado”, aclaró.
Atome quedó en la incertidumbre
Tras la derogación de las normativas tarifarias para calmar las aguas políticas y gremiales, Giménez reconoció que el futuro de la inversión de US$ 665 millones de Atome quedó en la incertidumbre. “El Gobierno tomó la decisión de dejar sin efecto todo y volver a barajar las cartas para impulsar el proyecto en un marco de conversación política e industrial”, admitió.
Finalmente, el ministro apuntó que el verdadero debate debería centrarse en solucionar los problemas estructurales de distribución de la ANDE.
Señaló que mientras la planta de Villeta planeaba consumir cerca de un millón de kilovatios-hora al año, la estatal pierde actualmente unos cuatro millones de kilovatios-hora debido a ineficiencias del tendido.
“Tenemos que atacar con todo la pérdida técnica y el robo de energía, que es lo que realmente eleva nuestros costos e impide dar tarifas competitivas a las industrias”, manifestó. Giménez comentó además que en este gobierno esa pérdida ya bajó, y estamos y se habla para mitigar el problema mediante el uso de nueva tecnología.