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Se referían al general João Francisco Ferreira, el mayor responsable por Brasil del Directorio Ejecutivo de Itaipú en su discurso de presentación oficial ante el personal de la otra costa del Paraná de la binacional, que tuvo lugar el lunes último, luego de asumir el cargo hace unos días.
Él material de referencia añade que, según Ferreira, “el avance en el pago de la deuda contraída para construir la planta permitirá reducir el Costo Unitario de los Servicios de Electricidad de Itaipú”.
Agregó el general que esta reducción “permitirá a la planta (entidad) entrar en una nueva etapa que comenzará a beneficiar a los consumidores brasileños y paraguayos a partir del próximo año”.
El anuncio del flamante director general brasileño de la entidad binacional, a juzgar por las reacciones que generó en el sector energía, arrastra una carga de sorpresa e inclusive de “imposición del Brasil”, sobre cuyo sector eléctrico sobrevuela hoy, en forma rasante, la amenaza de un duro ajuste provocado por la crisis hídrica que limita a sus centrales hidroeléctricas.
No obstante, según el numeral III del Anexo C del Tratado, específicamente de los puntos III.2 y III.3, la reducción del costo del servicio de electricidad debe ser una consecuencia lógica, automática, del aligeramiento de cada una de las cargas que lo componen, en este caso específico “del grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú” (Anexo C, VI).
En esa canasta, en 2019 el saldo de la duda Itaipú era de US$ 5.637,2 millones; en 2020 bajó a US$ 3.856,8 millones, y si en 2021 la binacional pagase a sus acreedores una cantidad parecida a la que pagó en 2020, la porción restante de ese saldo rondará los US$ 3000 millones. Por consiguiente, el costo de Itaipú debe reflejar esa reducción año tras año. Si no se procedió de esa manera, queda otro punto ciego que debe investigarse.
Ramón Casco Carreras