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Analizarán ley para auditar binacionales

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Manuel María Cáceres, director general de Itaipú Binacional, que presentó una inconstitucionalidad para evitar el control.
Manuel María Cáceres, director general de Itaipú Binacional, que presentó una inconstitucionalidad para evitar el control.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación de la Cámara de Senadores analizará mañana en sus respectivas reuniones el proyecto de ley que abre la posibilidad de que la Contraloría General de la República pueda auditar los entes binacionales Itaipú y Yacyreta.

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El proyecto de ley, presentado por la diputada Kattya González (PEN) y el diputado Edgar Acosta (PLRA) fue aprobado en la Cámara Baja por amplia mayoría y está incluido para su tratamiento en la sesión ordinaria del Senado del próximo jueves.

El senador liberal Blas Llano planteó la semana pasada su tratamiento sobre tablas, pero la mayoría de los senadores optó por esperar el dictamen de las comisiones asesoras, dado que existen cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley.

El director paraguayo de Yacyretá Nicanor Duarte Frutos ventiló los gastos de la EBY referentes a gastos sociales, de inversión y otros sobre un monto aproximado de G. 222.730 millones.

Posteriormente, Duarte Frutos remitió también a la Cámara de Senadores. Sin embargo, el director paraguayo de Itaipú Manuel María Cáceres Cardozo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, amparado en que del lado brasileño el Supremo Tribunal Federal ya se había pronunciado hace unos años negando la posibilidad de ser auditado por el organismo de control brasileño.

Haya o no dictamen de las comisiones asesoras, el Senado tratará este jueves el proyecto de ley y, en principio, habría mayoría para su aprobación.

Dados los antecedentes y en caso de que el Senado sancione la ley, algunos legisladores consideran un hecho que el Poder Ejecutivo vetará esta norma, con lo cual volverá al Congreso para su segunda revisión.

El objetivo del Ejecutivo sería aplazar lo más posible el tema para evitar la transparencia en las binacionales, especialmente en Itaipú. Existen numerosos indicios de malgasto y de uso político-partidario de los “fondos sociales”.

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