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Ayer se dio a conocer la resolución del titular de la DNCP, Pablo Seitz Ortiz, que decidió declarar la nulidad de todo el proceso licitatorio por el cual el IPS entregó en dos oportunidades un contrato de US$ 6 millones a la firma Green SA, propiedad de Hugo Wilson Armoa.
“La presente licitación se halla viciada desde la elaboración de las bases concursales y del informe de evaluación”, señala parte del extenso documento publicado ayer en la web del ente de control de las compras públicas.
Además se recomienda al IPS que “en este tipo de llamados altamente sensible por involucrar el sistema de salud pública, atienda que las especificaciones técnicas no resulten restrictivas a la participación y guarden coherencia con la finalidad perseguida por la contratación”.
El ente señala además que la previsional no justificó lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) atacado de direccionado por la Contraloría General de la República (CGR).
El millonario contrato
En marzo pasado, la CGR había remitido una nota al presidente del IPS, Vicente Bataglia Araújo, en la que reconfirmó lo que ya se había señalado en un informe de diciembre del año pasado sobre el proceso de licitación para la adquisición de un sistema informático para los hospitales de la institución asentados en el departamento de Alto Paraná.
En esa oportunidad, la entidad de control había señalado categóricamente que el proceso por el cual la previsional pretendía gastar casi G. 40.000 millones violentaba el derecho a la igualdad y competencia de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas”. Básicamente, alertaba sobre un posible direccionamiento, pues lo establecido en el pliego de bases y condiciones podía ser cumplido única y exclusivamente por una sola empresa.
“En el pliego de bases y condiciones se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, dice taxativamente una de las observaciones realizadas.
Ataque a libertad de prensa
La firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa, presentó una querella contra el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, por las publicaciones de nuestro compañero sobre una licitación para la compra de un software por unos US$ 6 millones para el Instituto de Previsión Social.
La firma representada por Hugo Wilson Armoa presentó la querella por los supuestos hechos de calumnia, difamación e injuria, contra nuestro compañero de tareas.
Con los informes de CGR y la DNCP se evidencia que es un ataque a la prensa.