Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Osmar Legal imputaron por el delito de tráfico de influencias a José Ramón Bogado Cardozo (47) –secretario privado de Villamayor en el ministerio del Interior–, a María Lorena de Barros Barreto (48) y Diego Di Stéfano Mónaco (58), por supuestamente haber solicitado entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2019 la suma de US$ 2.000.000 a los defensores de Darío Messer, abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, a cambio de ejercer sus influencias ante los miembros del Poder Judicial y con el entonces ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.
La coima era para obtener y asegurar resultados favorables respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar los defensores en representación del entonces prófugo Messer ante las instancias judiciales, así como el ofrecimiento de garantías para su entrega y sometimiento ante la justicia paraguaya, refiere la imputación.
Agrega: “En tal sentido, la suma solicitada sería distribuida en US$ 1.000.000 para Juan E. Villamayor, ministro del Interior, y el otro US$ 1.000.000 para los miembros de la Corte Suprema de Justicia”.
El 23 de abril de 2019 se comunica De Barros Barreto con la abogada Bóveda, para hacerle el ofrecimiento a favor de Messer.
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El 29 de abril, De Barros Barreto realiza a los abogados el primer pedido de los US$ 2 millones, que contó con la participación de Di Stéfano, quien se presentó ante los abogados como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la Corte Suprema para obtener favores judiciales a cualquier planteamiento que sea realizado por Messer. De Barros también se comunicó telefónicamente con Messer a través del celular de la abogada Bóveda.
Di Stéfano, incluso, garantizó la obtención de un hábeas corpus favorable ante la Corte para evitar la extradición de Messer al Brasil. El 4 de mayo se realizó otra reunión en el Hotel La Factoría, donde se hospedaba De Barros. donde también estuvieron el comisario Nimio Cardozo y José Bogado, pero la Fiscalía no encontró el nexo suficiente en el delito para imputar al exministro del Interior ni a los otros dos citados.
La Fiscalía pidió medidas alternativas al juez penal de Garantías José Delmás.