Mendelzon advirtió que hace meses que persiste la intención de los comerciantes de las ciudades fronterizas, sobre todo de los que se encuentran en Ciudad del Este, de implementar una nueva regulación que implemente flexibilidades impositivas. El objetivo es abaratar los costos y así, convertir sus productos en atractivos para potenciales clientes, que en esas zonas se traduce en fomentar el turismo de compras.
Óscar Manuel Airaldi, asesor de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, había explicado que la competitividad en la frontera va cayendo en función a la apertura de las tiendas francas en Brasil, a lo que se suma que en 2023 el Mercado Común del Sur (Mercosur) deberá unificar sus aranceles aduaneros y el régimen de turismo, basado en la lista de excepción que registra el país. Mencionó que el Paraguay no presenta ventajas y los empresarios de frontera se están yendo a invertir en el vecino país, porque no van a esperar hasta diciembre de 2023 y en estos momentos no existe una herramienta que les resulte atractiva para seguir operativos y generando empleos en Ciudad del Este.
Mendelzon señaló al respecto que es atendible lo expuesto por los empresarios de Ciudad del Este, pero que considerando las características del mercado, los productos importados bajo determinado régimen no sería sólo para los turistas y ahí ya entraríamos en terreno de contrabando.
Mencionó que el control efectivo del destino final de las mercaderías sería difícil de aplicar. “Las ventas se realizan por Internet, e incluso por redes sociales, como con la plataforma de mensajería WhatsApp. Creemos que la situación económica del país, debido a la crisis sanitaria mundial, demanda que se apliquen reformas, pero que sea para todos, por igual”, dijo.
“La propuesta considera una aplicación diferenciada de los impuestos. Consideramos que todo el país tiene que tener el mismo régimen tributario”, reiteró.
Añadió que como una estrategia para afrontar el efecto de la pandemia, en varios países se reporta que reducen los montos de las obligaciones tributarias para “oxigenar” a las empresas y mantenerlas operativas y como generadoras de empleo.