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CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). En una conferencia de prensa realizada ayer en esta capital departamental, las hijas del político liberal criticaron la falta de seguridad en el país y que desde la Policía Nacional aleguen de que solo se trata de una “sensación” de ella, no una realidad.
“La seguridad en Paraguay está secuestrada y el Gobierno no puede garantizar el derecho a la libertad ciudadana y nos dicen que es una sensación”, repudió Beatriz Denis Bareiro, durante la lectura de una carta a la sociedad.
Se hizo eco también del reclamo de camas de terapia intensiva por parte de familiares cuyos pacientes mueren en hospitales a causa del covid-19.
“Los recursos en garantizar la seguridad se gastan en otras cosas mientras siguen los secuestros y hay pacientes que padecen la mala calidad de la salud durante la pandemia”, expresó.
El 9 de setiembre del año pasado se produjo el secuestro del exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y hasta la fecha no se tienen datos de su paradero. A nueve meses del plagio, sus familiares reclaman acción al Gobierno de Mario Abdo Benítez y cuestionaron por no permitir la mediación de la Cruz Roja.
Para la familia Denis, el interés de la clase política se centra actualmente en las internas partidarias y no en recuperar con vida a los tres secuestrados por los grupos criminales autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el Ejército del Mariscal López (EML). Además de Denis Sánchez, están retenidos contra su voluntad el ganadero Félix Urbieta y el suboficial de Policía, Edelio Morínigo.
Exigencias
Dos días después del plagio de Óscar Denis Sánchez se encontraron las exigencias del EPP para liberar a quien fuera el primer gobernador de Concepción.
Mencionaban la distribución de víveres, medicamentos, golosinas y hasta horas de lluvia a comunidades ubicadas en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú por valor de US$ 2 millones.
La familia cumplió con la exigencia, pero los captores presentaron también el pedido de liberación de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, condenados por varios delitos, bajo amenaza de fusilar al político.
La liberación de los convictos no se concretó y el EPP nunca más mantuvo comunicación alguna con la familia del secuestrado.