Mario Abdo no decide aún si veta el megablindaje o viola la Constitución

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Senadores consumó la violación de la Constitución Nacional con la sanción del megablindaje para dificultar que los 125 legisladores (45 senadores y 80 diputados) sean expulsados por uso indebido de influencias.

La decisión pasó a consideración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien tiene tiempo hasta el 15 de junio para decidir si viola o no la Constitución Nacional, luego de que el Congreso recién remitiera la norma el 27 de mayo pasado, siete días después de que haya sido sancionada la norma por la Cámara de Senadores.

En la ley sancionada por el Congreso el 20 de mayo pasado reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre pérdida de investidura. Equipara así los votos requeridos para un juicio político con la pérdida de investidura.

Es decir, que si antes se requería de una simple mayoría, con esta reglamentación en vigencia los parlamentarios necesitarán de una mayoría absoluta de dos tercios. En Diputados precisarán 53 votos de los 80 y en la Cámara de Senadores 30 votos de los 45 para expulsar a un legislador al que se le haya comprobado fehacientemente el uso indebido de influencias o alguna otra causal que figuran en la Constitución.

Abdo vetó totalmente

El presidente Abdo Benítez vetó totalmente el autoblindaje el 3 de julio de 2019. Decía el Ejecutivo en aquel entonces que una ley no puede establecer requisitos adicionales no previstos en la Constitución (ver infografía).

Según dispone el artículo 205 de la Carta Magna, el Ejecutivo tendrá, a partir del momento que reciba del Congreso la comunicación de la ley sancionada, un plazo de 12 días hábiles (lunes a viernes) para promulgar o vetarla.

En caso de no pronunciarse dentro de ese plazo, la promulgación es automática.

Pasaron dos años para que el Congreso vuelva a sancionar una ley de autoblindaje e incluso parlamentarios que responden a su movimiento embretan al Presidente a tomar una decisión sobre la ley inconstitucional distrayendo su atención en plena crisis sanitaria por el covid-19, cuando la ciudadanía reclama más vacunas.

Cartes objetó parcialmente

El expresidente Horacio Cartes firmó el 23 de marzo del 2018 el veto parcial de la ley de autoblindaje legislativo. En su veto, el exmandatario objetó el artículo tercero de la denominada ley del “autoblindaje”, concretamente en la parte que dice: “Para la determinación de la existencia de un hecho punible, se respetarán las normas penales vigentes”. Esta frase rechazada exigía una previa sentencia judicial para quitar la investidura a los parlamentarios, lo que en la práctica iba ser inaplicable.

Son 63 los legisladores del “bandidaje”

En total fueron 32 los diputados que votaron a favor de violar la Constitución Nacional para “blindarse” o dificultar cualquier pérdida de investidura parlamentaria. Igualmente 31 senadores con su voto a favor, sus abstenciones o ausencias dieron respaldo a esta iniciativa.

Este blindaje se forzó el 7 de abril en la Cámara de Diputados, cuando el pleno analizaba el proyecto de “reglamentación” de la perdida de investidura aprobado previamente en Senado.

De la nada, Éver Noguera (ANR, Añetete), imputado por presunto fraude con la merienda escolar en Guairá junto al senador Rodolfo Friedmann, propuso elevar el número de votos necesarios para una expulsión.

En la práctica esto hace que sea imposible para las minorías o la oposición destituir a un legislador. Respaldaron su propuesta varios colegas con procesos judiciales pendientes (ver el cuadro).

A esto se suma que para indignación de toda la ciudadanía, el diputado Noguera nunca fue desaforado para enfrentar a la justicia. También acaba de ser reelecto, en un pacto entre colorados y liberales, como representante suplente ante el Consejo de la Magistratura (CM), ente que selecciona a los candidatos a ministro de Corte; jueces y fiscales.

Finalmente el 20 de mayo el Senado sancionó la ley mediante cinco votos colorados a favor de la versión que viola la Constitución (ver el cuadro); 12 votos en mayoría colorados y llanistas por la “abstención” y 14 “ausentes” en su mayoría del Frente Guasu y otras bancadas. Estos dos últimos grupos actuaron en clara complicidad para sancionar esta reglamentación.