Galaverna urge a Abdo vetar la ley del autoblindaje parlamentario

El senador Juan Carlos Galaverna (ANR, Añetete) urgió ayer al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetar cuanto antes la ley de autoblindaje parlamentario sancionada por el Congreso. La norma, que eleva inconstitucionalmente la mayoría de votos para expulsar a un legislador, se encuentra cajoneada en el escritorio del Mandatario y debe pronunciarse a lo sumo el lunes 14.

“Espero que el Poder Ejecutivo, como señalan los antecedentes en el tema, nos anuncie la objeción, el veto de este proyecto de ley. Es lo que corresponde en derecho, es lo que corresponde en racionalidad, es lo que corresponde en moral, es lo que corresponde en ética”, subrayó Galaverna en una suerte de mensaje y consejo al cuestionado mandatario.

“Hago votos para que el Ejecutivo vete este proyecto malhabido”, acotó al señalar que a su criterio la propuesta fue manipulada por un sector interesado sectariamente.

Con el actual autoblindaje sancionado, Diputados precisarán 53 votos de los 80 y en la Cámara de Senadores 30 votos de los 45 para expulsar a un legislador al que se le haya comprobado fehacientemente el uso indebido de influencias.

La Carta Magna no exige una mayoría calificada para expulsar a un legislador, sino mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).

Niega haberla apoyado

Galaverna dijo que siempre se manifestó, se pronunció y votó en contra de este tipo de propuesta. “Ya van como seis veces entre idas y vueltas con la Cámara de Diputados y los vetos del Ejecutivo”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la última vez que se trató la ley en el Senado solo se “abstuvo” de votar porque tanto la versión del Senado como la Diputados, según su criterio, violaban la Constitución Nacional. Con la abstención contribuyen a la sanción.

En la votación del 14 de octubre, cuando se intentó elevar la mayoría, Galaverna votó a favor de mantener la mayoría simple en la versión del Senado y no la consideró inconstitucional entonces. Dicho proyecto, tras la primera aprobación del Senado, solo creaba un “procedimiento” para aplicar la pérdida de investidura según establece el artículo 201 de la Constitución Nacional.