Con mayoría de 54 diputados, la Cámara Baja aprobó la ratificación del polémico proyecto de servicio de confianza que tiene enfrentados, por un lado, a los bancos que piden mayor seguridad y abogan por la versión original de Diputados, y por otro lado, a las telefónicas que piden que los aspectos de seguridad sean aplicados de manera gradual por el BCP, por lo que esperaban que se apruebe el cambio introducido por los senadores. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Senado, ya que el texto se remite nuevamente a esta instancia.
La norma establece mecanismos más estrictos de seguridad para realizar transacciones, como las de “billetera electrónica”, que según las telefónicas causarían dificultades a los usuarios ya que estarían obligados a registrar su firma electrónica para poder operar con ese mecanismo.
Los diputados por mayoría decidieron mantener el requisito de la firma digital para realizar una transacción con la billetera electrónica o giros, atendiendo los masivos casos de estafa.
Durante su exposición la diputada Celeste Amarilla (PLRA) argumentó que es preciso avanzar hacia estándares de mayor seguridad, como está sucediendo en todo el mundo. Alegó que hoy ni en la cédula de identidad se puede confiar, ya que se ha comprobado su vulnerabilidad para la falsificación. “Si les estamos exigiendo a la ciudadanía que se vaya a votar este domingo en urnas electrónicas, ¿por qué no podrán adecuarse a esta exigencia para seguir operando en un servicio que es esencial?”, cuestionó. Además agregó que si la fin es legislar a favor del beneficio de los ciudadanos, las telefónicas deberían considerar entonces la posibilidad de no cobrar comisión por los giros que van entre 4% y 5%. En caso de los bancos que no poseen este costo, instó a flexibilizar las condiciones para que los usuarios puedan habilitar cuentas y realizar las transacciones de giros desde sus cuentas.
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A su vez la diputada Kattya González (PEN) consideró que la versión de Senado era la más apropiada considerando que es una herramienta de uso masivo por la ciudadanía. “Si el fin es avanzar hacia la formalidad, también se debe cuidar que no hacerlo de manera traumática”, precisó la legisladora.
La diputada advirtió que las excesivas regulaciones pueden terminar perjudicando al 29% de la población que utiliza estos servicios, casi tres millones de personas.