Habrían fraguado contrato de lotes comunales para salvar a Díaz Verón

Pedro “Pipo” Díaz Verón (colorado cartista), gobernador de Caazapá y hermano del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, organizó el martes pasado (15 de junio) una conferencia de prensa para explicar el origen del predio en el cual construye su casa de verano en la colonia Alejo García, más conocida como Corateî, del distrito de Ayolas. El jefe departamental afirmó entonces que los dos inmuebles ubicados en esa codiciada zona turística no pertenecían más al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sino a la comuna ayolense.

Díaz Verón, para respaldar su versión, presentó dos contratos de arrendamiento y edificación firmados el 10 de junio de 2021 con el intendente Carlos Duarte (colorado cartista). Los documentos evidencian que “Pipo” accedió a los lotes luego de siete meses de la compra de derechos y acciones, el 20 de octubre de 2020, y con la construcción de su casa de verano casi terminada.

Sin embargo, las explicaciones del jefe departamental, dejaron al descubierto otros puntos llamativos como el incumplimiento de requisitos básicos establecidos en ordenanzas, uno de los cuales es presentar el certificado de vida y residencia.

También surgió otra situación más curiosa aun. El pedido oficial de arrendamiento de los dos lotes municipales por parte de “Pipo” Díaz Verón ingresó recién el lunes 14 de junio, a las 11:34, a la Junta Municipal de Ayolas, según el sello de mesa de entrada de la corporación legislativa.

Además, de ser llamativo este punto deja en evidencia el incumplimiento de la ordenanza N°07/2012 “Que establece normas generales para arrendamiento y venta de lotes municipales en Ayolas. Esta normativa comunal dice en su Art. 6 que el arrendamiento de terrenos municipales será concedido por la Junta Municipal a pedido de los interesados. En tanto, que el articulado siguiente dice que no será concedido en arrendamiento más de un terreno municipal a una misma persona.

Aunque, el punto más contundente de las infracciones cometidas está en el artículo 12 de la citada ordenanza que establece taxativamente que el contrato de arrendamiento deberá ser firmado dentro de los treinta días de la resolución de la Junta Municipal. Es decir, el documento presentado por Díaz Verón no tendría validez o sería nulo, explicó el concejal ayolense Héctor Ayala (País Solidario).

El edil confirmó que el pedido no ingresó y no fue aprobado por la corporación legislativa. También afirmó que uno de los requisitos indispensables para acceder a un lote municipal es presentar el certificado de vida y residencia en la comunidad.

Quisimos conocer la versión del intendente Duarte. Su secretario José Rivarola, que atendió nuestra llamada en su número de teléfono, dijo que el jefe comunal iba a comunicarse con nosotros, pero no lo hizo.