Según el representante, lo que más preocupa es que esta intención genera todavía más incertidumbre para los productores. Se reafirma en que vulnera derechos como la propiedad privada, preceptos del Código Procesal Penal y que cuando hay invasiones no se puede solicitar medidas cautelares.

Torales mencionó que los promotores en Cámara Alta decidieron revisar nuevamente la propuesta y luego intentar un nuevo tratamiento. Pero recalca que por más que hayan modificaciones, igual no concordaría con la legislación vigente. Uno de los que lleva adelante el controversial proyecto es el senador Pedro Santa Cruz. Molesto con la actuación de la justicia, el asesor dijo que la justicia no ejerce su fuerza con los que él califica de delincuentes. Esto por no castigarlos, facilitando a que esto crezca, sostuvo.

El tercer artículo del polémico texto habla que “no configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando la misma haya ocurrido seis meses o más entre la fecha entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial.”

No hay cifra oficial de invasiones, pero sí un estimativo.

El vocero de la ARP confirma que la mayor cantidad de ingresos ilegales se dan en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú. Lamentó que se pague a los facinerosos para ingresar. Fácilmente se alcanza el número de 30 casos y puede haber más en otras zonas de Paraguay. Solo esta semana se produjeron cinco nuevas invasiones. Torales refirió que se están viendo las actividades del rollotráfico y deforestaciones.