Fiscalía y Poder Judicial sostienen a políticos ligados a sonados casos

El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado han tenido cuestionadas actuaciones para la resolución de sonados casos de corrupción en el manejo del dinero público que tienen como protagonistas a políticos o personas ligadas a grupos políticos. Hasta el momento no existió imputación alguna por la estafa del caso Metrobús a tres años de la primera denuncia; ni tampoco esclareció el megacontrabando de cigarrillos ni el tráfico de cocaína

Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, fiscal general del Estado, contra la que pedirán nuevos juicios políticos.
Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, fiscal general del Estado, contra la que pedirán nuevos juicios políticos.Archivo, ABC Color

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Millonario fiasco de metrobús sigue impune

El 28 de mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el fiasco metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados en la traumática obra. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los denunciados fue imputado y las pesquisas poco o nada avanzaron.

El profesional señaló meses atrás a ABC Color que el caso va camino al oparei, porque a su criterio la fiscalía, servil al expresidente Horacio Cartes, no tiene voluntad de investigar esta “estafa” que ocurrió durante su Gobierno, con venia del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona.

Recordó nuevamente que la fiscala general, Sandra Quiñónez, está en este cargo gracias al expresidente de la República. “Le debe el cargo a Cartes, ella (Quiñónez) era la número 60 colocada en puntaje y jamás podía ser Fiscal General”, expresó.

La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en la que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones.

Megacontrabando de cigarrillos sin investigar

A dos años de registrarse la incautación más grande de contrabando de cigarrillos en el país, no hay imputados. Los frecuentes decomisos de este producto en el exterior hablan de cifras enormes, que superan las cantidades consumidas en el país. La fiscalía no ve contrabando ni contrabandistas, y menos aún ve el lavado de dinero resultante.

El director nacional de Aduanas, Julio Fernández, a través de la Resolución en marzo pasado rechazó la apelación planteada por los propietarios de los productos por “improcedente e ilegítima”.

Esta decisión, de segunda instancia dentro del sumario administrativo, confirma la resolución que había tomado a inicios del mes de febrero el juez instructor de primera instancia, en aquel entonces administrador de la aduana de Salto del Guairá, Basilio Bogado.

Bogado declaró como contrabando solo el 40% del cargamento decomisado y devolvió a los propietarios el 60%, compuesto principalmente por cigarrillos, por la vía incidental, lo que impidió que pueda ser apelada por el representante fiscal de Aduanas y el caso termine en esta instancia.

La mayor parte del cargamento liberado son cigarrillos de las marcas fabricadas por la Tabacalera del Este SA, propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes.

A pesar de que la carga fue calificada como contrabando, la Fiscalía no imputó a nadie.

Benevolente pena para vinculados a diputado

El tribunal integrado por los jueces Inés Galarza (presidenta), Víctor Medina y Olga Ruiz dictó la sentencia de 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena, para los “caseros de oro” del diputado colorado Tomás Rivas. El fiscal Luis Piñánez solicitó que Nery Franco González y Reinaldo Chaparro sean condenados a 4 años y medio de prisión; y Lucio Romero Caballero a 4 años de pena privativa de libertad.

Este es el segundo juicio oral que se hizo para bajar la pena a los procesados. En la primera audiencia pública fueron sentenciados a 2 años y 6 meses y 3 años de cárcel. Sin embargo, el fallo fue anulado por los camaristas Oscar Rodríguez Kennedy, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias. Se habla de que hubo una fuerte injerencia política en la causa.

Por otro lado, Rivas estaría maniobrando para que la Cámara de Apelaciones anule la resolución del juez Raúl Florentín por la cual dispuso que el legislador afronte juicio oral por estafa, ya que pagó con la plata de la Cámara de Diputados a sus caseros, que cumplían funciones en su casa.

El Tribunal de Apelaciones quedó integrado con Rodríguez Kennedy, Arias y Gustavo Santander, ya que la Corte apartó de la causa a Rolón, quien alegó que no tenía paz de espíritu para juzgar a Rivas, ya que es del departamento de Paraguarí al igual que él.

Seis suspensiones en el proceso a Cuevas

Para mañana está prevista la audiencia preliminar al diputado colorado Miguel Cuevas en el proceso por enriquecimiento ilícito. La diligencia ya se suspendió en seis ocasiones y esta es la séptima convocatoria hecha por el juez Yoan Paul López.

La convocatoria fue bajo apercibimiento, pero hay que ver si la preliminar se hace o se traba una vez más, ya que el Poder Judicial también se muestra complaciente con Cuevas.

El fiscal Luis Piñánez acusó y pidió que se eleve a juicio oral y público la causa contra el diputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Además, el agente solicitó el comiso especial por la suma de G. 5.594.429.490, cuyo origen el legislador no puede justificar.

Pena baja

Miguel Ángel Carvallo, procesado por enriquecimiento ilícito, solo había sido condenado a 2 años y seis meses de cárcel, que incluso ya la tiene cumplido en arresto domiciliario, también gracias a una justicia benevolente.

Carvallo, más conocido como el “mecánico de oro”, está muy fuertemente vinculado al exsenador colorado Víctor Bogado, condenado en el caso de la “niñera de oro” y luego expulsado del Senado.

Carvallo, primero fue funcionario de la Municipalidad de Asunción y luego fue nombrado en Diputados, durante la presidencia de Bogado. Tenía un sueldo de G. 6 millones, pero adquirió valiosos inmuebles.

El “hermano del alma” que operó tranquilo

Darío Messer, “hermano del alma” de Cartes, realizó en Paraguay hechos suficientemente graves como para que la fiscalía brasileña los considere confirmatorios de modus operandi delictivos, pero acá no pasa nada. Las insólitas sanciones del Banco Central al Banco de Fomento son enormes “noticias críminis” que la Fiscalía no ve, no oye, no siente.

Messer tenía orden de captura en el Brasil y en Paraguay desde mayo de 2018, pero aún así se paseaba a sus anchas en nuestro país durante un año, según autoridades brasileñas. El doleiro fue detenido el 31 de julio de 2019, en el departamento de su novia, en San Pablo, Brasil.

En noviembre de 2019, en ocasión de decretar la prisión de Cartes, Roque Silveira y otros en el marco de la “Operación Patrón”, el juez federal de Río de Janeiro Marcelo da Costa Bretas destacó que dos fotos encontradas en el celular de Messer de setiembre de 2018, el prófugo aparece festejando su cumpleaños en la casa de la familia Motta y en el restaurante Casa de Carne Novilho de Ouro, en Ponta Porã, propiedad de Cecy Mendes.

Recién el mes pasado hubo por fin una imputación por el caso del “hermano del alma” de Cartes. Fue cuando la Fiscalía imputó al cigarrillero brasileño Roque Fabiano Silveira, de 56 años. La imputación afirma que Silveira ha dado protección y refugio a Messer desde mayo de 2018, época en que el mismo se encontraba prófugo de la justicia paraguaya y de la brasileña, en sendos procesos penales por lavado de dinero.

Aún así, varios de los señalados por Brasil siguen libres

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