Conforman equipo para investigar facturas clonadas en la Gobernación de Central

La fiscala general Sandra Quiñónez dispuso la conformación del equipo de fiscales investigadores en la causa de presunta clonación de facturas en la Gobernación de Central, iniciada de oficio por el Ministerio Público el 17 de junio pasado, ante una denuncia del ministro René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

El fiscal Estigarribia declaró que el gobernador de Central Hugo Javier González (colorado cartista), de comprobarse su responsabilidad, podría ser imputado por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

Como parte de los actos investigativos del Ministerio Público, se aguarda que se convoquen a testificales e indagatorias a quienes podrían tener conocimiento de este hecho. Sin embargo, el fiscal Estigarribia indicó que ya realizó diligencias como los pedidos de informes a varias instituciones, entre ellas, a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entidad que recientemente realizó la denuncia de posible clonación de facturas, a lo que el agente fiscal había replicado que esta denuncia de la SET es en realidad el pedido de informe que él había realizado como parte de las indagaciones de este hecho.

El caso

La denuncia sobre el uso de facturas clonadas tiene que ver con la rendición de cuentas de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año 2020), cuyo dinero lo otorgó el Poder Ejecutivo para generar fuentes de trabajo y ayuda a hospitales de Central durante la pandemia.

Sin embargo, la Gobernación transfirió G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud y G. 5.105 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), una ONG representada por Tadeo Álvarez Cristaldo. En la rendición de cuentas sobre el gasto de este fondo aparecen facturas presuntamente clonadas o prestadas de otras empresas de maletín. También hay comprobantes a crédito sin recibos de cancelación

Por su parte, el gobernador de Central, González, defendió recientemente la transferencia de dinero público a la ONG CIAP, representada por Álvarez. Expresó que el mecanismo no es ilegal y permite ejecutar proyectos sin trámites burocráticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el traspaso de recursos económicos a organizaciones o fundaciones no solo permite “ahorrar” los trámites, sino también es un mecanismo para eludir varios requerimientos establecidos en la ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”.