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Para el martes, miércoles y jueves de la próxima semana convocó el Juzgado especializado en Delitos Económicos la audiencia preliminar del empresario Justo Ferreira Servín, apoderado de las compañías Insumos Médicos SA (Imedic), Metaway SA y Glasgow SA; además de la hija del empresario, Patricia Ferreira (representante legal de Imedic SA) y el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra.
Todos fueron acusados por el fiscal de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal como autores de los supuestos hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
El agente del Ministerio Público también solicitó juicio oral para los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta por la presunta comisión de delitos señalados en el Art. 337 de la Ley 2.422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, en calidad de autores.
El juez Humberto Otazú también convocó al aduanero de Visturía Mario Olmedo y el transportista Lauri Pohl, para quienes el fiscal Osmar Legal solicita el sobreseimiento definitivo. Ambos serán citados como testigos si el caso se eleva a juicio oral.
Ingreso irregular de camas hospitalarias
En el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.
Sin embargo, Imedic SA trajo al país de forma irregular 50 camas hospitalarias, con la supuesta complicidad del despachante Gamarra, el 16 de abril de 2020. El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.
Los funcionarios de la Dirección de Aduanas Molinas Camp y Acosta Acosta permitieron la inclusión de las citadas camas en el despacho de importación y su posterior salida, sin que las mismas cuenten con la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), según la Fiscalía.
La acusación agrega que Imedic SA defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de las 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron compradas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.