Sentencias antedatadas, acceso del expediente a un exfiscal coimero y un juicio de usucapión a una persona que ya había fallecido, son algunos de los elementos que forman parte de una denuncia presentada contra los magistrados Alejandrino Cuevas, Linneo Ynsfrán y Carmelo Castiglioni, miembros del Tribunal de Apelación, quinta sala de Asunción, en lo Civil y Comercial.
Así lo señala una denuncia presentada por el abogado Federico Campos López Moreira.
De larga data
La historia empezó ya en la década de 1980. Primo Zampieri, un ciudadano brasileño de ascendencia italiana, llegó a la zona conocida actualmente como Marangatú, en el límite entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Allí adquirió un total de 10.000 hectáreas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Parte de su propiedad fue expropiada por la Itaipú Binacional. Zampieri falleció el 4 de mayo de 1982; sus descendientes estaban distribuidos por Argentina y
Brasil.
Aprovechándose de la ausencia de la familia del fallecido, se comenzó a gestar una historia de despojo. De las 10.000 hectáreas adquiridas originalmente por Zampieri, actualmente solo quedan unas 300 que están en disputa en estrados judiciales. A pesar de que Zampieri había fallecido ya en 1982, casi un año después, en 1983, un hombre llamado Alfredo Vicencini Codas inició un juicio inexistente contra don Primo por prescripción adquisitiva de dominio; figura conocida actualmente como usucapión.
Del supuesto juicio no quedó registro alguno en estadísticas del Poder Judicial.
Don Primo nunca pudo defenderse porque había fallecido un año antes del inicio del juicio y sus hijos estaban fuera del país, por lo tanto nunca fueron debidamente notificados.
A partir de ahí, recuerda el abogado Campos López Moreira, uno de los representantes de los descendientes de Primo Zampieri, empezó una serie de acciones llamativas e ilegales.
Las tierras fueron vendidas en forma sucesiva y quedaron en manos de Edna M. Texeira y Agrícola Nueva Esperanza SA (Agrinesa). El hijo de Primo Zampieri, Severino, inició una acción judicial para tratar de recuperar 300 hectáreas que quedan de lo que originalmente les pertenecía.
El caso ya llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La máxima instancia confirmó la ilicitud y nulidad de una sentencia que dio origen al título con que pretende hacerse del bien la firma Agrinesa, como un supuesto comprador de “buena fe” de las citadas tierras.
Aparece exfiscal coimero
A pesar de que la mismísima Corte Suprema de Justicia determinó el origen ilegal de las tierras, el tribunal de Apelación, quinta sala, en lo Civil, conformado Linneo Ynsfrán (preopinante), Carmelo Castiglioni y Alejandrino Cuevas, insiste en negar la propiedad a la familia Zampieri.
“Se le dio participación al exfiscal Cristian Garelik Um –blanqueado de un caso de coima–, sin que este tuviera parte alguna”, manifestó el abogado Campos López Moreira a ABC.
Campos sostiene que el día en el que se dio a conocer el fallo del Tribunal de Alzada, que desconoce lo señalado por la Corte, se vio a Garelik recorriendo las oficinas de los magistrados.
“Este es un esquema de tráfico de influencias montado para seguir afectando a inocentes. Es el viejo esquema protegido por políticos que operan en la oscuridad”, aseveró el abogado. “Garelik trabaja para traficar influencias y está ligado al estudio de los Báez Galeano”, afirmó.
Sentencia antedatada
Campos aseguró que lo más grave del caso es que se habría llegado al punto de antedatar un acuerdo y sentencia de abril de 2020 a fin de evitar ser recusados por estas graves causales e ignorando lo establecido por la Corte Suprema de Justicia.
El expediente había estado frenado desde noviembre de 2019. Sin embargo, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera su parecer sobre la nulidad de los títulos, apareció la sentencia que supuestamente fue firmada el 24 de abril de 2020.
Campos asegura que el día que se dictó el fallo, el 24 de abril, Alejandrino Cuevas estaba en el interior del país, o sea, no concurrió a tribunales. “Es tráfico de influencias y prevaricato grave. Vamos a presentar una denuncia penal”, adelantó.
Ante esta situación, los abogados plantearon una recusación con expresión de causa contra Cuevas. Según el documento, los propios conjueces de Cuevas no negaron que el mismo no se encontraba en Asunción el día en el que se emitió el fallo. “El acuerdo y sentencia no se firmó el día 24 de abril, ya que es sabido que la firma de los tres miembros del Tribunal de Alzada es indispensable para su validez”, asevera el documento.
“Vamos a solicitar el cruce satelital del teléfono de Cuevas y también que comparezca el coimero de Cristian Garelik. Tienen que dar explicaciones”, finalizó.