Los hechos punibles que el fiscal Delfino, de la Unidad Especializada de Antisecuestros, presentó en la acusación son privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionario y cohecho pasivo agravado, informaron fuentes del Ministerio Público.

Según la información, la representación fiscal ha reunido suficientes elementos para sostener la acusación contra los citados agentes policiales y solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público, sustentados en las pruebas documentales, testificales y las evidencias colectadas en la etapa investigativa. Considera además válidas y aptas las evidencias para demostrar los hechos punibles denunciados y la autoría de los acusados en los hechos investigados.

Antecedentes del caso

De acuerdo a los antecedentes, los efectivos policiales que en ese entonces prestaban servicio en la Brigada Central del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, con sede en San Lorenzo, habrían extorsionado y privado de su libertad a Osvaldo Ramón Peralta Acosta y Mirtha Isabel Torres, el pasado 3 de febrero.

Conforme a los datos, la pareja contaba con varias órdenes de captura por estafa, situación que supuestamente aprovecharon los acusados para coaccionar y extorsionar a las víctimas. Según la investigación, les exigieron el pago de G. 50 millones a cambio de no dar cumplimiento a las órdenes de detención judiciales y fiscales que pesaban sobre ellos. También les amenazaron con involucrarlos en otros hechos punibles, incluso hasta de muerte.

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Las víctimas fueron privadas de su libertad tras ser interceptadas en la vía pública, y luego trasladadas y retenidas dentro de una sala, en la base de la Brigada Central del Departamento de Hechos Punibles de la Policía Nacional, donde habrían exigido el pago correspondiente.