La Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), recibió el año pasado del Poder Ejecutivo US$ 1.000.000 (G. 6382 millones al cambio de finales del 2020) del fondo de la Ley 6641/20 de apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura durante la pandemia de covid-19.
Pero el gobernador González repartió el dinero a dos organizaciones “sin fines de lucro”: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Andrés Álvarez, recibió de la institución departamental G. 5.105 millones; y el Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.
La Contraloría General de la República notificó el pasado 20 de mayo al gobernador González, la falta de rendición de cuentas sobre el uso del millón de dólares.
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Días después y de forma desprolija, el CIAP, el Consejo Regional de Salud y la Gobernación presentaron planillas de rendición de cuentas al ente contralor y se detectaron varias irregularidades como la clonación de facturas, empresas fantasmas, compras hechas de empresas que no guardan relación con el rubro requerido, entre otras.
Esas irregularidades fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación el 8 de julio.
Hasta la fecha nadie fue imputado y la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Rodrigo Estigarribia investiga sigilosamente el caso.
Además, la Contraloría, la Secretaría Anticorrupción y el Poder Ejecutivo realizan una auditoría sobre las millonarias transferencias, que podría concluir en los próximos días.
El equipo auditor de la Contraloría, presidido por Óscar Hermosilla, solicitó el pasado 3 de agosto a la Junta Departamental una serie de documentos como el organigrama de la Junta con la disposición legal vigente, aprobado por la máxima autoridad; o la reglamentación interna de la Junta según lo que establece la Ley Nº 426/94.
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Además solicitó una explicación de cuál es la injerencia de la Junta Departamental en la aprobación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley Nº 6641/2020, pidió se remita la resolución de la Junta que aprueba el convenio entre la fundación CIAP y la Gobernación de Central, la resolución de la Junta que aprueba los proyectos ejecutados en el marco de la Ley Nº 6641/20 y el acta de la sesión donde fueron tratados los proyectos ejecutados en el marco de esa ley.
El plazo de tres días para la presentación de la documentación vence el viernes y la Contraloría advirtió que si la Junta no remite los documentos requeridos en el tiempo establecido, se considerará que no dispone de los mismos.
El presidente de la Junta Departamental, el concejal Mario Aguilera (PLRA, Partido Liberal), quién salvó al gobernador González de una intervención, tiene tiempo hasta mañana para responder al pedido de la CGR.
Maratónica aprobación de proyectos
Según la denuncia formulada por la Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación, la fundación CIAP presentó el 17 de noviembre de 2020 el proyecto denominado “Construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, con un presupuesto de G. 3.063.360.000.
El 19 de noviembre de 2020 presentó otro proyecto denominado “Pavimentación asfáltica de empedrado en el Departamento Central” con un presupuesto de G. 2.042.240.000. Ambos proyectos sumas G. 5.105 millones.
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Curiosamente, el 18 de noviembre se firmó un convenio “a la medida” entre la Gobernación de Central y el CIAP, por ambos proyectos.
Entre las finalidades específicas con las que se comprometió el CIAP se cita “asistencia social a sectores vulnerables y comunidades de escasos recursos del Departamento Central, construcción, refacción y equipamiento de espacios públicos, la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de las vías de acceso (calles o caminos) de los distritos del departamento Central y el mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos dentro del departamento Central”.
Los formantes son el gobernador González y el presidente del CIAP, Tadeo Álvarez Cristaldo.
El 28 de diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda realizó dos transferencias a la institución departamental, una de G. 5.105 millones y otra de G. 1.276 millones.
El 29 de diciembre de 2020 el gobernador González autorizó a la Dirección General Administración y Finanzas el pago de G. 5.105 millones a la fundación CIAP por ambos proyectos.
Los desembolsos fueron hechos a través de cuatro comprobantes.
La primera factura de G. 2.297 millones se pagó el 10 de febrero de 2021. La segunda, de G. 1.531 millones, se pagó el 12 de febrero. El tercer pago de G. 765 millones también se hizo el 12 de febrero y el cuarto pago, de G. 510 millones, también ese día.
Según la rendición de cuentas del CIAP, algunas obras fueron hechas antes de los desembolsos, y en la misma aparecen facturas clonadas de varias empresas y otros comprobantes de proveedores fantasmas.
El Consejo Regional de Salud también recibió una transferencia de G. 1.276 millones.
El convenio fue firmado el 19 de noviembre bajo los mismos términos que el acuerdo con el CIAP. La gobernación transfirió el dinero al organismo el 5 de febrero y una de las facturas de la rendición de cuentas dice que se compró mobiliarios hospitalarios de un taller mecánico que se dedica a la fabricación de carrocerías para camiones de gran porte.