La comisión “Guardianes del Ka’añave”, que preside Simón Benítez, refiere que los efluentes de color rosado arrojados en el predio de unas dos hectáreas de la curtiembre, con posiblemente alta contaminación, podrían desbordarse y llegar hasta el cauce hídrico del arroyo, que es el principal tributario de los humedales del Ypoá.
El lago Ypoá está inscripto como sitio RAMSAR, por lo que obliga a Paraguay a conservarlo bajo supervisión internacional. Hasta el momento, el lago está libre de contaminación y es responsabilidad de todos protegerlo, señala el comunicado.
Asimismo, los miembros de dicha organización ambiental exigen al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), al Ministerio Público y a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) su efectiva acción para eliminar la acumulación no autorizada de efluentes en el predio de la procesadora de cuero.
Consideran que, en caso de ocurrir el desborde o rotura del precario dique de contención de arena construido en el predio de la planta industrial, podría generar una catástrofe ambiental para el arroyo Ka’añabé y los humedades del Ypoá.
Repudian violencia
Además, repudian los hechos de violencia que vienen soportando de manera sistemática la concejala liberal Margarita Miró y su hijo Juan Valentín García por parte de los funcionarios de la empresa Durli Leathers SA.
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Los trabajadores del cuero, instigados supuestamente por sus directivos, llegaron el viernes último frente a la vivienda de la familia García Miró y realizaron una ruidosa manifestación con estallidos de petardos, hostigando y señalándoles como culpables por la suspensión de actividades, cuando la empresa es la que está incumpliendo las normas ambientales.
Los “Guardianes del Ka’añavé” responsabilizan a los directivos de la firma Durli Leathers SA de cualquier atentado o represalia que pudieran sufrir la concejala Miró o cualquier miembro de su familia.
Los protectores ambientales de este distrito ratificaron su compromiso de defensa ambiental del arroyo Ka’añabé, de modo a que permanezca libre de agentes contaminantes que pudieran poner en peligro o degradar el ecosistema.
Solicitan también al Ministerio Público y sistema judicial la celeridad en los procesos penales denunciados, así como las medidas cautelares que ameriten a fin de evitar una catástrofe que puede ser irreversible al ecosistema del Ypoá.
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Es oportuno indicar que el Mades ya canceló el estudio de Impacto Ambiental de la empresa, que debe reparar el daño causado al espacio físico de unas dos hectáreas de su inmueble y remitir a la mencionada institución el resultado de análisis de sus efluentes industriales.
La firma está con un proceso de sumario administrativo. El fiscal del ambiente, Carlos Rojas, también ya se constituyó en el lugar a fin de levantar evidencias.