Puntualmente, el Ministerio Público había acusado a Diaz Verón por enriquecimiento ilícito, mientras que a su esposa por lavado de dinero, por un monto sin aparente justificación que ronda los G. 10.500 millones.
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La acusación presentada por los fiscales Nathalia Silva y Osmar Legal indica que el exfiscal general habría aumentado de manera injustificable su patrimonio en unos G. 10.495.174.320, tras asumir el cargo entre 2008 y 2017 y su esposa se habría dedicado a tratar de blanquear el dinero.
Según informó el periodista de ABC, Carlos Ortega, previamente a la decisión de elevar a juicio el caso, el magistrado López rechazó los incidentes de nulidad absoluta de la pericia contable y nulidad absoluta de la acusación, que fueron presentadas por las defensas, a cargo de los abogados Mario Elizeche Baudo y Derlis Martínez (de Diaz Verón) y Mario Elizeche González y Luis Olmedo, defensores de Morínigo.
No obstante, se hizo lugar al incidente de prescripción parcial del hecho de lavado de dinero y la exclusión del informe realizado por un veterinario, por considerar que debía ser una pericia.
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La familia de Diaz Verón-Morínigo había sido vetada de ingresar a los Estados Unidos por ser considerados “significativamente corruptos”, un status que comparte en nuestro país únicamente con el exsenador Óscar González Daher y sus familiares.
La elevación a juicio de este caso se vino dilatando hace tiempo, ya que se presentaron varios incidentes procesales por parte de la defensa, así como cuestionadas ausencias de Diaz Verón a las audiencias, que incluso le valieron que la Fiscalía solicite declararlo en rebeldía y se ordene su prisión, lo que finalmente no corrió.