La Estadística de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del fiscal adjunto Marco Alcaraz, señala que desde el 2009 al 2021 fueron procesados y muchos ya condenados por narcotráfico 120 funcionarios públicos.
De la referida cifra, el 64 por ciento son agentes de la Policía Nacional; el 8 por ciento de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad; el 7% del Ministerio Público; el 6% del Ministerio de Justicia y el 5 por ciento de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Dinac.
La lista sigue con la Municipalidad de los Laureles, 3 por ciento; la Junta Departamental de Amambay 2% y con 1 por ciento están la Secretaría de Emergencia Nacional, SEN; la Cámara de Diputados, Municipalidad de Luque, Juzgado de Encarnación, Fuerzas Militares, Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. (Ver infografía).
De los 120 funcionarios involucrados, 78 están acusados; 27 fueron condenados, 11 están imputados; 3 en rebeldía y 1 con sobreseimiento provisional.
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Uno de los procesos más relevantes, según la Unidad Especializada, es el de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, donde están involucrados el diputado colorado y candidato a intendente de Ciudad del Este, Ulises Quintana; 3 funcionarios de la fiscalía y 11 policías.
En la causa caratulada “Gustavo Narváez y otros sobre posesión de drogas peligrosas y otros” fueron condenados 4 policías.
En el proceso abierto a Marcio Gayoso y otros por tenencia y comercialización de droga, están acusados 19 miembros de la Policía.
Situación grave
El fiscal adjunto Marco Alcaraz manifestó que la corrupción es transversal en los casos de narcotráfico, o sea permea en todas las instituciones del Estado.
“Las organizaciones criminales vieron la necesidad de entrar en los organismos del Estado para ser eficaces en su gestión delincuencial. Buscan contar con funcionarios que formen parte de la estructura y estos funcionarios son precisamente los encargados de la prevención, represión y persecución del tráfico de drogas”, refirió.
Alcaraz aclaró que hay funcionarios que forman parte de la organización criminal. Es decir están dentro de ella y otros que brindan su ayuda, como el caso de los agentes penitenciarios.
Apuntó que no se puede negar que el narcotráfico también entró en el sector político y citó como ejemplo, el caso del diputado Ulises Quintana. “Lo que buscan es protección desde ese sector”, añadió.
Para Alcaraz es importante resaltar la implicancia de concejales departamentales y miembros de las Fuerzas Armadas en el tráfico.
Dijo que es necesario que las instituciones públicas hagan una estricta revisión de las personas que van a ingresar en los entes.
El fiscal añadió que el hecho de que el narcotráfico haya permeado en las instituciones del Estado, hace que la lucha contra esta organización criminal sea mucho más difícil.
“En muchos casos creemos que tenemos la información y el factor sorpresa. Sin embargo, nos encontramos que nuestra inteligencia tiene una contra inteligencia”, añadió el adjunto.
Resaltó que la situación es grave, por que el hecho está demostrado con datos estadísticos. “No es una ocurrencia mía, ni los fiscales de la Unidad”, resaltó.