Empresa de la quiniela niega deudas, pero SET habla de millonaria evasión

En el marco de las críticas a la Conajzar, salieron cuestionamientos no solo a las tragamonedas, sino además a la quiniela. El tema enfrenta al a la empresa adjudicada para la explotación de dicho juego de azar con la propia SET.

Corte rechazó acción y debe pagar, dice viceministro

Se trata de una deuda de cinco años atrás de la empresa Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), vinculada al expresidente Juan Carlos Wasmosy. La firma, sin embargo, en lugar de honrar sus compromisos con el Fisco, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pero tuvo un revés y la máxima instancia judicial rechazó la acción, según los datos señalados por el viceministro de Tributación, Óscar Orué.

Son más de 5 millones de dólares de evasión pero con el monto de multa que corresponde al caso, la cifra que debería pagar a la SET estaría orillando los 10 millones de dólares, inclusive.

Eso, sin mencionar que hoy la evasión de impuestos está categorizada como delito precedente de lavado de dinero.

Según los datos del caso, entre 2019 y 2020, el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, pidió fiscalización de TDP desde la SET. Esta institución constató la deuda, que nuevamente fue rechazada por la empresa de referencia y el caso sigue su curso en un sumario administrativo.

A pesar de toda esta situación, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) le adjudicó la explotación de la Quiniela, hecho que en su momento ya fue muy criticado pero hoy, con las numerosas denuncias que se suman a José Ortiz, titular de Conajzar, otra vez salió al tapete.

“La fiscalización ha determinado un monto importante por no pago en concepto de impuestos, que son recursos que deben ir a los excombatientes. La deuda es de más de 5 millones de dólares”, dijo ayer a ABC el viceministro de Tributación Óscar Orué.

Según lo explicado, una vez que finalice el sumario, se podrá determinar el monto exacto que debe pagar TDP.

Otra denuncia contra Ortiz es que Conajzar redujo unilateralmente el monto del canon a los explotadores de juegos de azar sin disposición del Presidente de la República que lo avale. Es decir, no hubo decreto que lo disponga y tampoco pasó la decisión por el Congreso, sino simplemente a través de una resolución interna, Ortiz decidió reducir el canon a las compañías del sector.

No se adeuda impuesto alguno, asegura firma

“TDP S.A. se encuentra al día en el pago de sus cánones y no adeuda a la fecha impuesto alguno. Su certificado de cumplimiento tributario se encuentra al día”, respondió ayer la empresa que explota la Quiniela, a través de un espacio reservado, que se publica en este diario. Cita el artículo 194 de la Ley N° 125/91, modificado por el artículo 9 de la Ley N° 2.041/04, que señalan que el certificado de cumplimiento tributario es el documento público que “(…) acreditará que sus titulares han satisfecho el pago de los tributos exigibles al momento de la solicitud (…)”.

" Como tantas veces se ha dicho, TDP S.A. tampoco adeudaba impuestos al momento en que fuera adjudicada con la explotación de la QUINIELA, (menos firme y ejecutoriada)”, resalta la compañía.

Y continúa: “A propósito de las infelices declaraciones del viceministro de Tributación, el prejuzgamiento (equivocado por cierto) sobre el sentido de un sumario antes de su culminación, además de violentar las normas sobre confidencialidad de la información tributaria, introduce la nulidad absoluta de las actuaciones. Es hora de que en Paraguay se respete el Estado de Derecho por sobre el humor de los funcionarios de turno”.

Para la empresa TDP, si el interés real de los actores políticos que trajeron a colación el tema de Quiniela, en el marco de críticas que se vienen haciendo al titular de Conajzar, José Ortiz, fuese sanear el sector de los juegos de azar, de cara a la evaluación de Gafilat, deberían investigar hechos llamativos. “Les solicitamos investigar: 1. ¿A quién/es pertenece el lujoso casino que funciona en Salto del Guairá con una ‘autorización provisoria’ de la Conajzar otorgada por administraciones anteriores, a pesar de que el Art. 25 de la Ley N° 1.016/97 prohíbe los casinos en el Departamento de Canindeyú? 2. ¿Cuál sería el posible impacto de un casino que opera en zona fronteriza con ‘autorización provisoria’ con relación al lavado de dinero? 3. ¿Qué otras ‘autorizaciones provisorias’ (sin licitación) posee el mismo ‘grupo empresarial’?”, señala la empresa.