Las hijas del exprimer gobernador de Concepción, Amancio Óscar Denis Sánchez, dieron a conocer hoy una carta enviada al Gafilat. En el escrito realizan un historial de los casos de secuestros principalmente por el EPP y también el EML, que secuestró al ganadero horqueteño Félix Urbieta Ramírez el 12 de octubre de 2016.
“Estamos ante sumas exorbitantes que permiten que esta actividad criminal siga subsistiendo desde hace 2 largas décadas y tras varios gobiernos de turno. Nosotras no somos especialistas en lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, somos víctimas, hijas de un padre secuestrado, habitantes de una de las zonas más inseguras del país como lo es la región norte, pero resulta hartamente obvio que sin apoyo logístico para el lavado del dinero producto del secuestro y la extorsión y el financiamiento a esta actividad terrorista, el EPP ya hubiera desaparecido hace años, y hoy no tendríamos que llorar a nuestros desaparecidos”, dice parte de la carta.
Continúa: “Es innegable la importante contribución que el Gafilat puede dar a Paraguay, colocando como prioridad el combate eficaz al EPP, visibilizando el escenario que puede debilitar esta estructura, es decir, a través del combate al lavado de dinero producto del secuestro, ya que el combate cuerpo a cuerpo hasta la fecha ha resultado insuficiente, puesto que no ha podido contener el crecimiento de este grupo terrorista, ya que para el EPP una vida humana caída en enfrentamiento es perfectamente reemplazable por otra, y a estas alturas solo hemos sumado bajas de militares y policías, enlutando a muchas familias paraguayas y continuando con el reclutamiento de nuevos niños soldados”.
Finalmente escribieron: “Creemos que es indispensable y urgente que a estas estrategias de combate físico se sume el combate al lavado de dinero producto del secuestro y la financiación a este grupo criminal por parte de estructuras invisibles que permiten su subsistencia y crecimiento sostenido. Exhortamos a los señores evaluadores que requieran al Gobierno de Paraguay incorporar en la agenda estatal de manera urgente las acciones necesarias para combatir y erradicar el lavado de dinero del secuestro y la extorsión que se da por medio del cobro de “cuotas revolucionarias”.
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“Recordamos que la obligación de garantizar derechos humanos como la vida, la integridad personal, la seguridad, la libertad, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación no se agotan simplemente en contar con un completo plexo normativo; si no existen acciones eficaces y eficientes, estamos ante un sistemático fracaso como Estado”, acotaron.