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El representante legal concluye que “los demandantes no tienen fundamentos fácticos ni jurídicos para que se juzgue procedente su pretensión. Habida cuenta que, los demandantes no tienen fundamentos fácticos ni jurídicos para que se juzgue procedente su pretensión”, dice la extensa nota.
Más adelante continúa, “los profesionales y los dependientes cumplieron con sus deberes médicos en la ejecución del servicio a favor del paciente, sin que se aprecie antijuridicidad”.
“No es factible la atribución de culpa, -prosigue- y no se aprecie nexo causal entre los hechos y supuestas omisiones imputadas y el fallecimiento de Renato Rojas Talavera.
“Las conclusiones alcanzadas en el ámbito sumarial, en sede de la Superintendencia de Salud, del informe de la autopsia, de las conclusiones de la junta médica y del relato profundo de los hechos”, agregaron.
A ello se adhiere que los actores carecen de legitimación para postular una pretensión en la forma bajo la cual se ha calificado este reclamo y sobre rubros que son notoriamente cuestionables, según refirieron.
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Gremios médicos se pronunciaron
Esta declaración se apoya también en la postura adoptada por los gremios médicos, quienes, ante el avance de la investigación fiscal y la acusación formulada contra la Dra. Sena, se pronunciaron ratificando que no es dable penalizar el acto médico, como se pretende, según el documento.
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También el Círculo Paraguayo de Médicos se pronunció públicamente a través de un comunicado – en redes sociales – habiendo recibido detallada información de ambas partes involucradas, da cuenta de la inexistencia de causalidad entre el procedimiento médico y el resultado, prosiguen.
Ratificaron que la Dra. Sena “obró conforme a la ciencia médica”: en forma más extensa aún, la Sociedad Paraguaya de Pediatría en agosto de 2021, emitió un comunicado con el que se demanda de las autoridades una actuación objetiva, imparcial e independiente”.
El representante legal del sanatorio Migone señaló: “Nos parece indiscutible que la presente demanda no puede prosperar ante su palmaria falta de argumentos y probanzas, y considerando la plena ausencia de argumentos sustanciales para el reclamo, lo que restringe la invocación de todo derecho a la reparación en función a su procedencia, correspondiendo que sea irremediablemente desestimada”, alegó.
Y por improcedente, “imponiéndose las costas del presente juicio, en forma expresa, a la actora”, acotaron.
Los padres de Renato, el niño de dos años fallecido por supuesta negligencia médica, demandaron por daños y perjuicios al Sanatorio Migone Battilana con un reclamo de G. 38.696.170.032 (US$ 5,5 millones) en el fuero civil. Paralelamente se tramita la causa penal en el Ministerio Público.