Comandante desafía, pero Anticorrupción lo acusa

El comandante de la Policía, Luis Arias, desafío ayer a la prensa a que se presenten los documentos de la supuesta tragada de unos G. 30.000 millones del rubro de combustibles, tal como fue confirmado en dos investigaciones consecutivas de su propia dirección de Asuntos Internos. Pero el ministro René Fernández de la Secretaría Anticorrupción reclama que la Comandancia no le proveen documentos para indagar el caso.

“Si tiene prueba de que se ha cajoneado (la investigación) y que hubo ese desfalco”, comenzó a decir el comisario Arias ante la consulta de un periodista sobre el tema, pasando a decir que “tenemos documentos que dicen lo contrario”.

Las dos investigaciones policiales detectaron que al menos 150 tarjetas magnéticas que contenían saldo en guaraníes para la carga de combustible a móviles de la Policía fueron “desangradas” sistemáticamente durante todo el año 2020, sin que las patrulleras, motopatrullas y otros tipos de vehículos de la institución recibieran el combustible.

Según el comandante Arias, ellos tienen los documentos que destruyen las conclusiones de sus propios investigadores, pero extrañamente hasta ahora no se las enseñaron a nadie.

Reiteración

Por ejemplo, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, denunció ayer que la propia Policía Nacional está poniendo obstáculos a la investigación de la supuesta tragada de dinero del rubro de combustibles.

Incluso, Senac tuvo que reiterar el pedido de informe a la institución que dirige el comisario general comandante Luis Arias. El Ministerio Público también ya tiene un expediente abierto sobre el supuesto desfalco.

El 24 de agosto pasado, la Senac envió a la Policía Nacional un pedido de informes “sobre las presuntas irregularidades en el manejo y uso de tarjetas de provisión de combustible asignados a móviles de la entidad”.

Fue durante la emisión de una serie de publicaciones de ABC Color sobre el presunto desvío de unos G. 30.000 millones del rubro de combustibles, a través de maniobras corruptas consistentes en simular cargas de combustible a los móviles de la Policía con el fin real de efectivizar el saldo en guaraníes contenido en las tarjetas magnéticas de los vehículos de la institución uniformada.

Sin embargo, pese a que ya pasaron dos semanas, la Policía Nacional nunca contestó a Anticorrupción ni proveyó los datos necesarios para efectuar la investigación paralela, tal como es la función de la secretaría de Estado.

De hecho, el 1 de setiembre pasado, el ministro Anticorrupción René Fernández tuvo que enviar una nota de reiteración al comandante de la Policía, en la que “solicita de sus buenos oficios a fin de remitir copias certificadas de todas las documentaciones recabadas por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) de la Policía Nacional, incluyendo además el detalle completo de la flota de motocicletas con que cuenta la Policía Nacional a nivel país, con determinación por cada unidad: marca, matrícula, lugar y forma de uso, chofer asignado con identificación de grado jerárquico, número de tarjeta de combustible asignada, tipo de combustible, consumo, ciudad, departamento, durante los años 2020 y hasta el mes de julio de 2021”.

Hoy se cumple de nuevo una semana de esta última nota y hasta ahora Senac no obtuvo respuestas de parte de la Policía, que de este modo aparentemente está tratado de impedir a toda costa que se haga una investigación a fondo del presunto “fato” que fue pillado gracias a una denuncia ciudadana.

También el Congreso y el Ministerio Público

Por otro lado, el Congreso Nacional también ya aprobó un pedido de informes similar al de la Senac que debe ser enviado a la Policía.

Igualmente, el Ministerio Público ya abrió un expediente al respecto. El caso está en la unidad de la fiscala María Luján Estigarribia.

La supuesta tragada ocurrió el año pasado y fue confirmada por dos investigaciones de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Sin embargo, el caso iba a quedar archivado e impune si es que una organización civil no hacía la denuncia ante los órganos pertinentes.