Las comisiones asesoras recomendaron por unanimidad el rechazo del veto, por considerar que los argumentos del Ejecutivo no eran consistentes y que se prestaba a cometer injusticias con los beneficiarios, en estado de vulnerabilidad.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez adujo en su veto que la ley dificultará el control de estas ayudas del gobierno en momentos en que es clave el buen uso de los recursos públicos. También dijo que esta norma contradice en algunos puntos a la Ley N° 3728/2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza, así como a la reglamentación vigente del Ejecutivo.
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Igualmente, el Ejecutivo cuestionó que se haya establecido una penalidad de hasta tres años de privación de libertad o multa a los funcionarios responsables por impedir arbitrariamente que los adultos mayores reciban el beneficio.
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El senador liberal Amado Florentín, proyectista de la ley, destacó que, pese a tratarse de un monto muy pequeño, era fundamental para la subsistencia de esta familias de muy bajos recursos.
El veto será ahora girado a la Cámara de Diputados para su consideración.