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La denuncia contra los mencionados agentes fiscales fue presentada el pasado 22 de setiembre ante la Fiscalía de Asunción. También fue presentada una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones.
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Según el abogado las pruebas que la Fiscalía tiene fueron obtenidas de forma irregular, violando la Constitución Nacional y las leyes penales en el sentido de que miembros de la Policía Federal brasileña en el 2018 ingresaron a nuestro país, mapearon inmuebles y tomaron fotografías además de utilizar escuchas telefónicas sin autorización alguna.
En la carpeta fiscal está una autorización brindada a la Policía Federal por la Justicia brasileña para interceptar llamadas de líneas brasileñas de las operadoras Vivo, Claro, Tim y Oi en el periodo comprendido entre el 30/01/19 al 02/02/2019 y del 11/02/2019 al 19/02/2019, pero hace salvedad que no se aplica a mensajes de la aplicación WhatsApp.
Sin embargo, la Fiscalía de Paraguay utilizó conversaciones por la mencionada aplicación de mensajería y que datan del 2018. La encausada pide a su concubino que proceda al pago de una factura de ANDE. Por esa comunicación, la Fiscalía sostiene que la misma tenía pleno conocimiento y participación en las actividades que su pareja supuestamente tiene en el grupo criminal investigado.
El Ministerio Público además ocultó de la defensa esa situación hasta dos días antes de la acusación por lo que no tuvimos tiempo para fundamentar el incidente de nulidad y con ello la mantienen recluida hace cerca de un año, dijo.
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Los hechos atribuidos a los mencionados agentes fiscales son cuatro según el escrito presentado. Producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas, alteración de datos relevantes para la prueba y persecución de inocentes, previstos y penados en los artículos 246, 247, 248 y 310 del Código Penal Paraguayo.
Agregó que estos fiscales siempre actúan así porque supuestamente tienen el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y hacen lo que quieren. Lo peor es que los jueces de garantías simplemente avalan las atrocidades jurídicas cometidas por esta Unidad, finalizó.
Isaura Sánchez Freitas fue detenida el 8 de octubre del año pasado en la vía pública en el marco de la Operación “Status”, llevada a cabo en Pedro Juan Caballero.