El proyecto de ley sancionado establece un nivel de seguridad alto para las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, tal como lo solicitaron los bancos.
El pedido de informes fue impulsado por los dos senadores de la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi y Pedro Santa Cruz.
La consulta apunta a conocer qué instituciones o empresas pueden oficiar de prestador de servicio de confianza calificado para garantizar el nivel de seguridad alto para la identificación electrónica con el fin de una transacción.
También se les pregunta cuánto sería el costo mínimo estimado de esta clase de servicio de identificación para un ciudadano.
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Finalmente, consultan si existen condiciones para garantizar el acceso al servicio de identificación electrónica de alta seguridad en todas las ciudades de la República. El documento que será remitido al Ejecutivo establece 15 días de plazo para la respuesta a estas consultas.
Durante el debate en el Senado, algunos senadores advirtieron que establecer un nivel de seguridad alto implicaba la obligación de contar con la certificación de la firma electrónica, registro de reconocimiento facial o toque digital, entre otras medidas de seguridad.
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Señalaron que esto significaba la posible exclusión financiera de unos dos millones de personas en nuestro país, cuyo promedio de transacciones no supera los G. 150.000.
Advirtieron que esto implicaba un peligro de retroceso en la inclusión financiera de miles de personas que no tienen posibilidad de ingresar al sistema financiero bancario.
La senadora Masi resaltó que los giros de dinero fueron imprescindibles durante el periodo de pandemia.
El proyecto alternativo, que era respaldado por las empresas telefónicas y por el Banco Central del Paraguay, disponía que el nivel de seguridad para las operaciones estén “acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad competente”, o sea el BCP.