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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, mencionó ayer que durante la investigación realizada dentro del denominado operativo “Facturación 2.0″ se encontró que el proveedor de los municipios intentó depositar en el Banco Nacional de Fomento (BNF) el cheque por G. 3.500 millones (US$ 510.000 al cambio vigente) emitido por una municipalidad, pero que la entidad no le permitió.
Orué estimó que el banco estatal le habría pedido los documentos respecto al origen de estos fondos y el proveedor no pudo justificar, por lo que finalmente no realizó el depósito en la banca estatal.
Explicó, sin embargo, que posteriormente logró efectuar el depósito en un banco privado (que no mencionó el nombre) y luego en dos días fueron retirados los G. 3.500 millones.
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El viceministro señaló que cuando le preguntaron a la persona que gestiona la empresa unipersonal, dijo que fue para pagar a los proveedores, pero cuando se le solicitó la documentación no pudo justificar.
Al respecto insistió en que en la documentación no consta que hayan comprado un solo ladrillo, ni insumo ni contratos de trabajadores para hacer la obra y, además, el nivel de vida de la persona no condice con lo que facturó.
La SET, según dijo Orué, también remitirá el informe a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el marco de un convenio que tiene con la institución.
El periodo investigado abarca los años 2018, 2019 y 2020, pero la administración tributaria no descarta avanzar con la investigación hacía años anteriores.
Agentes de retención
El viceministro adelantó que tras el descubrimiento de la utilización de facturas de contenido falso o clonadas, se decidió que desde enero de 2022 todas las municipalidades y las gobernaciones pasarán a ser agentes de información, lo que implica que deberán a la SET todas las compras que realicen y esto permitirá un control más exhaustivo.
El operativo “Facturación 2.0″ permitió desbaratar una red de utilización de facturas de contenido falso y clonadas, por un monto de G. 170.000 millones (US$ 25 millones), que involucra a 17 municipios del interior del país, una gobernación y empresas privadas dedicadas, entre otras actividades, a construcción y prestación de servicios personales.
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Con respecto a los municipios y a la gobernación las facturas son por valor de G. 57.000 millones (US$ 8,2 millones), cuyo proveedor es una persona de 80 años que respaldó el 97% de sus compras con las facturas de contenido falso.
La SET ya denunció el caso ante el Ministerio Público y ésta entidad conformará un equipo de trabajo para investigar la causa.