“Repudiamos la reclaraciones de la ministra en los distintos medios y específicamente lo dicho a la senadora Blanca Ovelar en el Congreso, de que los funcionarios son prácticamente de la misma calaña que los internos, con la diferencia de que los funcionarios nos vamos a dormir a nuestras casas”, refirió Martínez.
“Como todo grupo, ya sea político o social, tenemos excelentes funcionarios, pero también tenemos personas corruptas. No negamos eso, pero nos molesta es que nos ponga una misma bolsa a todos y es injusto eso”, aclaró el sindicalista.
“Lo que ella tiene que saber que el personal es el resultado de los jefes y éstos son puestos por la ministra en cargos de confianza. Si ella no sabe elegir a sus directores y jefes de seguridad entonces ella es la culpable directa y ‘cabecilla’ de los bandidos en este caso”, recalcó.
El dirigente sindical recomendó que la ministra Pérez se rectique en las declaraciones que hizo porque ellos no tienen la potestad para permitir la instalación de las “celdas VIP” u otras comodidades para los reclusos considerados “capomafiosos”.
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“El funcionario común no tiene potestad para permitir el ingreso de esas cosas. Esas comodidades entran por orden de los directores o jefes de seguridad. Y ellos son puestos por la ministra, pero a la hora de reventar la cuestión el problema recae sobre los compañeros”, enfatizó.
Marco legal y profesionalización
Miguel Ángel Martínez reclamó entre otros puntos la profesionalización de los funcionarios penitenciarios así como la pronta aprobación de la Ley Orgánica Penitenciaria para que exista un mejor marco legal en el desempeño legal de los funcionarios penitenciarios.
“Acá lo que hace falta una profesionalización. No tenemos un marco legal, una ley orgánica que nos rija y todo esto se politiza. Cualquier político envía como director o jefe de seguridad a alguien que lo único que quiere es venir a recaudar y nos les interesa otra cosa porque no hay una carrera penitenciaria”, expresó Martínez.
“Actualmente nos regimos por la Ley N° 1.326 del Funcionario Público, pero somos un grupo prácticamente paramilitar, con una disciplina verticalista, manejamos armas de guerra y nos confrontamos con los peores criminales todos los días y no tenemos un marco legal que nos pueda respaldar en nuestra actividad”, expuso.
“Tampoco nos reconocen un salario digno para la función que desempeñamos. Nosotros al entrar en los pabellones no sabemos si vamos a salir vivos. Algunos compañeros fueron asesinados y otros tomados de rehenes. Es un drama total que no tenemos un respaldo total que no tenemos en ningún lado”. argumentó.
Finalmente, el titular del gremio de los agentes penales urgió a la Cámara de Diputados la pronta aprobación de la Ley Orgánica Penitenciaria que deber ser estudiada el próximo miércoles.