Ovelar y su familia política le cuestan G. 2.600 millones anuales al Estado

El senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, quien pasó de abdista a cartista, tiene bien ubicada a la familia de su esposa. El legislador, su pareja, sus cuñados y hasta su suegro le cuestan a los contribuyentes más de G. 202 millones mensuales. Eso sin contar beneficios escondidos por entes.

La familia Balmaceda Mendoza. De los cinco integrantes, cuatro perciben millonarios sueldos públicos.
La familia Balmaceda Mendoza. De los cinco integrantes, cuatro perciben millonarios sueldos públicos.gentileza

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Más de G. 2.637 millones le cuestan a los contribuyentes el senador Ovelar y la familia de su esposa, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, quien se desempeña como directora jurídica del lado paraguayo de la Itaipú Binacional. Así lo revela información publicada de forma parcial por instituciones públicas.

El legislador colorado, que según sus colegas pasó de abdista a cartista, percibe mensualmente una remuneración total de G. 32.774.840. Así consta en la página web de la Cámara Alta del Congreso.

A la nada despreciable suma percibida por Ovelar hay que agregar el de su esposa, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, quien percibe uno de los sueldos públicos más altos en Paraguay.

Mendoza se desempeña como Directora Jurídica del lado paraguayo de la Itaipú Binacional. El ente publica apenas parcialmente la información de la remuneración de sus funcionarios, a pesar de lo establecido en la ley 5189/14 de Transparencia.

Según la información parcial de Itaipú, el sueldo básico de Magnolia Mendoza es de unos G. 34 millones. Sin embargo, publicaciones de ABC Color y otros medios dan cuenta de que para el cargo que ocupa la esposa del legislador, la remuneración total alcanza unos G. 105 millones.

Una familia binacional

Pero Magnolia no es la única de la familia Mendoza Balmaceda ubicada en binacionales.

De hecho, la lista de los beneficiados con sueldos públicos arranca con el suegro del senador Beto Ovelar, Armando Mendoza, padre de Iris Magnolia Mendoza Romero.

Mendoza Romero, abogado de profesión, ocupa un puesto en el lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Al igual que Itaipú, la EBY publica de forma parcial la información de la nómina de funcionarios. Solo pone la categoría y parte de las bonificaciones.

Mendoza Romero ocupa un cargo con categoría H6, el más alto por debajo del Personal Superior. A esta categoría le corresponde un salario básico de G. 20 millones. Según los datos parciales de la EBY, Mendoza suma unos G. 27 millones, aunque no hay detalles concretos de todos los beneficios que percibe.

A ello hay que sumar además los sueldos como docente de la Universidad Nacional de Caaguazú que percibe Mendoza Romero. Precisamente, durante las manifestaciones de 2015, estudiantes de la casa de estudio denunciaron la influencia de Beto Ovelar en la universidad pública.

El suegro de “Beto” Ovelar goza no solo de remuneraciones envidiables, sino también de un ambiente familiar en Yacyretá.

Es que allí figura otra de sus hijas, Violeta Mendoza Balmaceda. La cuñada del legislador Ovelar ocupa un puesto de categoría G6. Haciendo cálculos en base a lo publicado parcialmente por Yacyretá, se estima que la remuneración total mínima de Mendoza Balmaceda es de unos G. 23 millones.

La lista se cierra con José Armando Mendoza Balmaceda, quien pasó de funcionario público a juez, casualmente con la llegada de su cuñado a un nuevo período legislativo.

Según la web del Poder Judicial, el cuñado de Ovelar percibe mensualmente unos G. 16 millones.

Sumando todos los sueldos, mensualmente el legislador Ovear y su familia política le cuestan a los contribuyentes unos G. 202 millones.

Si se tiene en cuenta los 12 sueldos anuales y el aguinaldo, la familia de Ovelar le cuesta anualmente unos G 2.600 millones al Estado.

El senador Ovelar fue uno de los más férreos opositores al proyecto de ley que buscaba la reducción de los salarios de los funcionarios paraguayos de las binacionales y otros entes públicos.

El proyecto buscaba establecer que ningún funcionario pudiera cobrar más que el presidente de la República. Esto hubiera afectado a los ingresos familiares.

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