La madre relató que el 12 de marzo de 2015 llevó a su hija de, en ese entonces, tres años a la casa de sus abuelos paternos, donde estaba su padre. Esto en el marco del cumplimiento del régimen de relacionamiento.

A la noche fue a recoger a su hija, pero antes de salir ella le pidió ir al baño, por lo que la acompañó y ahí la niña se quejó de molestias en sus partes íntimas, a lo que la madre le consultó qué le pasó y ella le contestó que su abuelo le había tocado.

Después, madre e hija fueron a un hospital local donde una médica revisó a la niña y recomendó que vaya a la fiscalía.

Al día siguiente junto con la fiscala de entonces Natalia Fúster, fueron a la Clínica Forense del Ministerio Público, donde los especialistas inspeccionaron a la pequeña y constataron que no hubo penetración, pero sí presentaba irritación. La niña contó en ese momento lo que el abuelo le hacía.

Proceso incidentado

La pequeña fue sometida luego a exámenes y entrevistas con la psicóloga forense, quien confirmó el abuso sexual. Esto derivó en la imputación del abuelo, quien tiene parientes políticos, según señaló la mamá.

Sin embargo y pese a tener los resultados médicos que probaban el abuso sexual, la fiscala Fúster pidió el sobreseimiento definitivo del hombre, pues no contaba con suficientes elementos para acusar. Esta decisión fue apelada por la madre que salió favorecida por la decisión de un Tribunal de Apelación.

Luego de unas 11 suspensiones, el juez Nelson Romero realizó la audiencia preliminar y elevó el caso a juicio oral y público, que se realizó en San Lorenzo y duró tres semanas. El abuelo, ahora de 66 años, fue condenado por la jueza Dina Marchuck a tres años de cárcel el 1 de junio de 2020.

La defensa apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelación confirmó la decisión judicial. Nuevamente apelaron, pero desde la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, volvieron a confirmar la decisión.

El caso luego pasó a la fiscala de ejecución Dora Irrazabal y a la jueza penal de Ejecución María Rosalía González Flores, quien luego de mucho ordenó que el abuelo sea llevado a la comisaría para que pase a cumplir su pena.

Sorpresivo cambio

Dos días después, el hombre fue beneficiado con arresto domiciliario, por la jueza luego de que la defensa presentara un certificado médico en el que se indica que no puede estar en la cárcel porque sufre de alergias (rinitis), próstata, presión alta, además de que tiene una estricta dieta y no puede valerse por sí mismo.

A pesar de ello, el sexagenario realiza recorridos en motocicleta, consume bebidas alcohólicas, pero ni la fiscala Irrazabal ni la jueza González Flores escuchan sus denuncias, según denuncia la madre de la niña.

Actualmente la pequeña sigue en tratamiento psicológico, mediante el cual siguen descubriendo ciertas cuestiones, como por ejemplo, que el abuso aparentemente ya se inició desde que su hija tenía dos años, de acuerdo con el relato de la mujer.

La madre manifestó que no descansará hasta que el hombre cumpla la pena que le fue impuesta en juicio y exige a la fiscala Irrazabal y a la jueza González que hagan cumplir la ley.