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El 28 de octubre pasado, los funcionarios ahora trasladados firmaron una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel, mediante la cual denunciaron una serie de irregularidades en la audiencia de imposición de medidas del narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas y solicitaron la realización de una investigación al respecto.
A diferencia de otros casos, hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no informó aún si ordenó o no alguna investigación al respecto y si lo hizo, tampoco se conoce el resultado de la misma.
Lo que sí trascendió es la resolución N° 1718, mediante la cual el Consejo de Superintendencia “repartió” a los funcionarios que firmaron la nota a distintas dependencias del Poder Judicial.
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El actuario Enrique Jacquet encabeza la lista de funcionarios afectados por la inusual movida, quien a partir de ahora queda a disposición de la Dirección de Administración de Personal.
La nómina sigue con Jeanette Carolina Coronel Martínez, Nelci Raquel Acosta Molinas, Enrique Javier Estigarribia Jara y Jorge Alberto Rojas Sánchez, quienes pasarán a prestar servicios en los juzgados de Ejecución de Sentencia N° 1, N° 2 y N° 3 y N° 4, en ese orden.
A su vez, Jorge Nicolás Troche Estigarribia, Fátima María Díaz Fleitas, María José Acosta Servín y Cevero Báez Mareco fueron trasladados al Juzgado penal de Delitos Económicos N° 2, al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y al juzgado de Ejecución de Sentencia N° 4, respectivamente.
La resolución correspondiente refiere que el traslado se realiza a petición de la ministra encargada de la Oficina Técnica, María Carolina Llanes “por razones de mejor servicio”.